Foto: Cuartocuro El titular del INE dijo confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como guardián último en México de la Constitución  

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que todo aquel que posea la atribución de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla” en Baja California y no lo haga, convalidará un grave atentado a la democracia y al Estado de Derecho en México.

 

Una vez que se publique la reforma que hizo el Congreso local de esa entidad y que tildó de “novela dramática”, porque ese poder alegó ahora que perdió el texto de la modificación, expuso que se deberá de impugnar.

 

Luego de participar en el Congreso Internacional de Estudios Electorales, señaló que el Congreso local es soberano y puede cambiar su constitución, “pero siempre y cuando se ajuste a lo que dice la Constitución federal, porque hasta donde me acuerdo Baja California es un estado de la federación y por tanto está obligado por lo que dice la constitución federal”.

 

El titular del INE dijo confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como guardián último en México de la Constitución federal, del Estado de Derecho y de la democracia en México.

 

Subrayó que es delicado lo ocurrido en Baja California porque en una democracia se vale cambiar las reglas del juego, pero se hace antes de arrancar un proceso electoral, no cuando el juego ya terminó.

 

“No sólo es absurdo sino vulnera al Estado democrático de Derecho y al funcionamiento de la democracia en uno de sus pilares fundamentales como es la certeza”, puntualizó.

 

Con relación a las remuneraciones de los consejeros electorales, indicó que nunca las han tenido fuera de la ley y del orden jurídico, por lo cual la Cámara de Diputados debe cumplir con un mandato de la Corte sobre definir cuáles son los criterios objetivos para precisar la remuneración que debe recibir el presidente de la república.

 

Aseguró que el INE es una institución que está en austeridad republicana al aplicarse medidas en cuanto a uso de vehículos, de gasolinas y ningún alto funcionario recibe telefonía celular pagada por el instituto; “nadie está en contra de la austeridad, todos estamos a favor de reglas claras”, concluyó.

 

 

 

jhs