Durante muchos lustros, México fue responsable de los flujos migratorios ilegales que llegaban a Estados Unidos, no solamente por su carácter de país expulsor sino por una política laxa y permisiva que hizo de nuestra frontera sur una de las más porosas del mundo.

Criticable o no por sus formas, hasta cierto punto la administración Trump tuvo razón en dar un manotazo en la mesa para frenar el crecimiento exponencial de llegadas de migrantes provenientes de Centroamérica y otras regiones del mundo, vía nuestro territorio.

Surgieron las amenazas a través de la imposición de aranceles a productos mexicanos y, de inmediato, el gobierno tomó cartas en el asunto, diseñó un plan para dar respuesta a las exigencias de Washington y adoptó medidas urgentes que dieran resultados visibles y dentro de los 90 días de plazo impuesto por nuestro principal socio comercial.

Por decisión presidencial, quedó en manos de la Cancillería la estrategia para atajar a los migrantes provenientes del sur, la cual implicó, entre otros aspectos, el despliegue de más de 20 mil elementos de la recién creada Guardia Nacional a los principales puntos fronterizos. Tuvieron que hacerse ajustes en el Instituto Nacional de Migración y modificar la filosofía errónea que desde ese organismo se venía impulsando en el sentido de que nuestro país abría las puertas a los hermanos extranjeros.

De acuerdo con estadísticas del gobierno estadounidense, el número de detenciones de ilegales en territorio norteamericano se redujo, entre mayo y lo que va de septiembre de este año, de 119 mil a 9 mil 292 personas, lo que representa una reducción del 92.2%.

Una cifra que, sin duda alguna, tiene contentas a ambas capitales. Sin embargo, de Washington todo puede esperarse y resultaría aventurado suponer que todo está ganado. Basta recordar el tuit emitido por Donald Trump el pasado 9 de agosto en el que amenazó en retirarnos la certificación que esa nación otorga a una lista de países por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Trump no ha dejado de señalar que México no ha cumplido a cabalidad con sus compromisos internacionales en la materia y que debe intensificar sus esfuerzos para erradicar el cultivo de la amapola, las incautaciones y los procesos judiciales.

Números de la Secretaría de la Defensa Nacional reflejan una importante reducción en la confiscación de drogas. En el primer semestre de este año, los decomisos de sustancias ilícitas registraron una caída del 70% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Son datos que Washington guarda celosamente para cuando se presente la ocasión. Y en tiempos electorales, uno nunca sabe.

Segundo tercio. Interesante iniciativa la que presentó ayer el senador Eduardo Ramírez (Morena) para reducir el IVA del 16 al 8% en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, entidades en las que se registra un importante flujo de migrantes y que requieren de incentivos para el crecimiento.

Tercer tercio. Inaceptable, por el lado que se le quiera ver, el chantaje de la CNTE al gobierno y órganos legislativos. Cuando se cede una vez, ya nadie los para.