El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre lamentó la decisión del juez que ordenó la liberación de 24 implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
“Nosotros hacemos una condena de lo que el juez Samuel Ventura Ramos hizo con la liberación de ex policías municipales. Hay que juzgar al juzgador y le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuales fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas“, resaltó luego de sostener una reunión privada con integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en la Segob.
También señaló que los policías municipales que ellos consignaron no han salido libres porque no hubo actos de tortura y así lo reconoció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
“Cuando decidí separarme del cargo, lo hice precisamente para que no se dijera que Ángel Aguirre estaba entorpeciendo las investigaciones, lo dije también en aquel tiempo no me voy a ir de México aquí estoy, acudí voluntariamente a la entonces PGR, hoy estoy planteando con mis ex colaboradores ampliar las declaraciones – ante la FGR– cuando nos marquen la fecha”, expuso.
El ex mandatario subrayó que han transcurrido casi cinco años y parece que el asunto se encuentra igual o en peores condiciones.
Destacó que el entonces presidente Enrique Peña Nieto siempre se negó en recibirlo porque le dijeron que era un asunto de carácter local y no dimensionaron la magnitud de esa tragedia.
Por su parte el ex titular de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco manifestó que entregaron un expediente de 33 personas en carácter de imputados y no pudieron establecer el móvil de los hechos.
“Lo que podemos decir es lo que está probado y acreditado, porque existe exacta correspondencia que fueron Guerreros Unidos y policías de Cocula los que secuestraron a los normalistas, esto guarda correspondencia con las llamadas telefónicas que presentó la DEA, sin embargo, hay cabos sueltos que se están trabajando”, aseveró.
El ex fiscal comentó que fueron consignados 22 policías y luego otros 10, y ninguno ha salido libre porque los elementos de prueba dieron positivos.
En tanto Ángela Buitrago, integrante del Grupo de Asesoría Técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó que llegar a cinco años de la desaparición de los 43 normalistas no solamente es triste además genera desconsuelo y desconfianza.
“Quería recapacitar un poco con estos cinco años en la necesidad de volver a creer en las instituciones, a través de un modelo que permite establecer que la institucionalidad funciona y como lo estamos viendo se está haciendo todo lo posible para llegar esclarecer los hechos”, refirió.
Resaltó que han habido factores de ocultamiento, tergiversación, “hay que ser conscientes en este momento que asumir esta investigación genera retos muy importantes”.
En tanto Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes reprochó a la entonces Procuraduría General de la República y la actual Fiscalía de ser las responsables de la liberación de los implicados en el caso.
“El juez solo actuó con los elementos que tenía a la mano”, afirmó.
CS