Senadoras de Morena, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación de la ejecución de cinco hombres y tres mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ante las diversas irregularidades registradas en las investigaciones a nivel local.
El pasado 5 de septiembre las autoridades de Tamaulipas, informaron que policías estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en Nuevo Laredo, donde aseguraron una camioneta blindada y varias armas de fuego y se registró la ejecución de cinco hombres y tres mujeres, quienes fueron encontrados con vestimenta militar y portando armas de fuego.
De acuerdo con la senadora Guadalupe Covarrubias, testigos y organizaciones dedicadas a la protección de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunciaron y presentaron pruebas para demostrar que dicha ejecución fue “arbitraria y extrajudicial”, lo que advierte que la muerte de estas personas no fue resultado de un operativo contra algún grupo delincuencial sino “un montaje en el que se simuló un enfrentamiento”.
De acuerdo con Casandra Treviño, hija de Severino Treviño, una de las víctimas de la ejecución, policías estatales entraron alrededor de las 7:00 horas del 5 de septiembre a su domicilio “tumbando” la puerta trasera y gritando a su padre que sacara las armas.
En entrevista narró que los elementos uniformados la sacaron a ella y a su bebé de la casa y la llevaron a bordo de una patrulla lejos de su domicilio, mientras que a su papá lo acorralaron y lo golpearon al interior de su casa.
“Luego ya apareció (en las imágenes difundidas por el gobierno estatal) vestido de militar y con armas”, situación que califica de extraña y dudosa, porque su papá era repartidor de refrescos de la empresa Coca-cola y ese día no había ido a trabajar porque estaba de incapacidad, tras haberse lastimado una mano con una de las cajas de refresco.
De acuerdo con documentos presentados por Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las personas fueron sacadas de sus casas y llevadas al domicilio donde fueron ejecutadas presuntamente por ocho agentes estatales, y tres de las víctimas dieron negativo en la prueba de rodizonato, mientras que cuatro de las armas encontradas no habían sido accionadas.
Además, el certificado de defunción emitido por la secretaría de Salud, señala como causa de muerte una “herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en cráneo”, lo que a decir de Raymundo Ramos obedece a una ejecución.