El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado al Congreso su propuesta de Ley de Amnistía. El espíritu de la misma es agregar un componente clave a la estrategia de paz y reconciliación en el país. Se trata de un paso fundamental en la corrección de nuestro sistema de justicia que por tantos años no ha sido ciego, sino selectivo, beneficiando a quienes cuentan con suficientes recursos económicos y castigando repetidamente a quienes menos tienen, incluyendo a las minorías étnicas.
Las cárceles están repletas de personas que fueron sentenciadas por delitos menores o de manera injusta. Esto ha ocasionado que tanto nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, así como el sistema penitenciario se encuentren totalmente saturados. De acuerdo con el INEGI, en 2016, en México había 188 mil 262 personas privadas de la libertad en 267 centros penitenciarios, cuya capacidad instalada era de 170 mil 772 personas.
Del total de la población reclusa, 35% reportó estar entre el rango de edad de 18 a 29 años, siendo este grupo el más significativo entre el resto de la población penitenciaria. La gran mayoría solamente tiene educación básica y fue ingresada debido a la comisión de un delito del fuero común, siendo la posesión simple de narcóticos el cuarto delito más común por el que estas personas fueron encarceladas.
La iniciativa busca precisamente evaluar el regresar la libertad de las personas que hayan sido encarceladas por posesión de cantidades pequeñas o consumo de droga y para aquellas que han sido obligadas a sembrar algún tipo de droga. También tiene como objetivo brindar amnistía a los presos políticos y a las mujeres que hayan sido encarceladas por haber llevado a cabo un aborto.
De esta manera, la Ley de Amnistía se centra en las personas que únicamente han cometido estas faltas por primera vez y cuyo castigo resulta desproporcionado, debido a las fallas de nuestro sistema de justicia. Se trata de algo loable y justo, pues no solamente busca aplicar la justicia de una manera alternativa para poder volver eficiente nuestro sistema, sino que construye nuevamente la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, al brindar una segunda oportunidad.
Esta medida permitirá que la gran mayoría de quienes se encuentran en esta situación se reincorporen a la sociedad para que puedan contribuir a regenerar nuestro tejido social, que se ha deteriorado en los últimos años. Al mismo tiempo, descongestionará un poco las prisiones, facilitando que los programas de reinserción social que ahí son llevados a cabo sean más efectivos.
La Cuarta Transformación de la vida pública del país implica el inicio de un cambio de régimen, un realineamiento de los mandatos y prioridades de las instituciones, así como lograr la igualdad entre todos los grupos sociales del país. Mejorar nuestro sistema de justicia es una parte fundamental de esta transformación. Falta mucho camino por andar para mejorar las condiciones de transparencia, igualdad, equidad, oportunidad y justicia en el Poder Judicial, pero seguiremos dando pasos firmes y contundentes para asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.
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