Por Karina Aguilar
Por décadas en gobiernos priistas y panistas, la educación básica en el país estuvo controlada por las organizaciones sindicales, primero por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya ex lideresa Elba Esther Gordillo, conseguía todo lo que quería del gobierno a cambio de apoyos con la fuerza de su organización integrada por millones de maestros.
Luego, la disidencia agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, descubrió que con manifestaciones, paros de labores y dejando a miles de alumnos sin clase, podían obtener de las autoridades todas sus exigencias.
Si bien, la reforma de Enrique Peña Nieto no fue educativa, si no administrativa,  lo que hizo fue eliminar algunos privilegios que tenían los maestros como el heredar plazas, decidir quién tenía derecho  trabajar en una u otra escuela, los horarios; y además obligaba a los docentes a evaluarse.
El descontento de la CNTE a la que no le gusta ser evaluada, fue aprovechado por Andrés Manuel López Obrador en su campaña, quien recibió el apoyo  de este grupo; sin embargo muy caro le salió al país el favor, pues una vez más con bloqueos y paros de labores obligaron al gobierno federal y a los legisladores de Morena  a pagar su apoyo electoral y regresarles el poder de decidir sobre las plazas de los maestros y peor aún ahora también decidirán sobre los planes educativos.
El manejo discrecional de plazas también es corrupción; aun así, el resultado de entregarle la educación a la CNTE es inmediato, pues el gobierno podrá contar con expertos en marchas y plantones para lo que sea necesario, y sin duda serán requeridos en las elecciones de 2021 para que Morena pueda mantener la mayoría en el Congreso.
Ganó la CNTE, perdió la educación y perdieron los alumnos.
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