La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoció la respuesta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) al desechar la llamada Ley Bonilla y dejar sólo por dos años el periodo de Gobierno de Jaime Bonilla Valdez al frente del Ejecutivo Local.

La DNE integrada por Ángel Ávila, Camerino Márquez, Karen Quiroga, Estephany Santiago, Fernando Belaunzarán, Adriana Díaz y Arturo Prida, confió que en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de la misma forma que el TJEBC y evite la ampliación de cinco años ya que de lo contrario vulneraría el principio de certeza en las elecciones y la confianza de la ciudadanía quien votó por un tiempo definido.

Por su parte, los empresarios aseguraron que estarán atentos a la publicación o no de la reforma a la Constitución local, que permitiría ampliar a cinco años la gestión gubernamental.

El presidente de la Sección Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Armando León, dijo que aunque el Tribunal Estatal ratifique los dos años, la trampa está en la publicación, porque se podría dar uno o dos días antes de que tome protesta Bonilla Valdez, el próximo uno de noviembre.

Precisó que el gobernador electo argumentaría que protesto por cinco y no por dos años, como lo demanda la Reforma al Artículo Octavo transitorio de la Constitución local.

Por ello, los integrantes de esta sección confiaron en que la Suprema Corte de Justicia eche abajo esta reforma aprobada por la actual legislatura, expresó.

El representante patronal consideró que sin especulaciones es la estrategia que seguirá Bonilla Valdez, que esta reforma se publique días antes del compromiso de toma de protesta. “Para que él pueda decir que la protesta fue por cinco años y no por dos, que de todas formas estaríamos impugnado la acción en los tribunales federales”, añadió.

En tanto, los dirigentes perredistas afirmaron que junto con su ex candidato Jaime Martínez Veloz, han llevado a cabo todas las acciones legales procedentes, desde la solicitud de juicio político en contra de los ex diputados que aprobaron la Ley Bonilla, la denuncia penal en la Fiscalía General de la República para investigar los sobornos que se cometieron con los diputados participantes y la petición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para indagar la doble nacionalidad de Jaime Bonilla.

LEG