Para quienes velamos por su garantía y estamos convencidos del valor que el derecho a saber tiene para potenciar otros derechos, favorecer la rendición de cuentas y construir ciudadanía, el 28 de septiembre es significativo, porque nos recuerda el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.
Si bien la UNESCO estableció esta fecha en 2015, su celebración fue instituida desde 2002, en Sofía, Bulgaria, en una conferencia en la que se reunieron varios países, entre ellos México, a partir de la cual se creó la “Red de defensores de la libertad de información”, para promover dicha prerrogativa.
En aquel año 2002, México logró tener una ley de transparencia a nivel federal y un organismo garante de ésta. Esta tendencia se replicó en los estados que empezaron a aprobar leyes en la materia y a establecer instancias protectoras.
Fue en 1977 cuando el derecho a saber encontró su base constitucional con la inclusión en artículo 6° de la frase: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, cuyo contenido se desarrollaría al paso del tiempo.
Hasta 2007, en el mismo artículo 6º, se sentarían las bases y principios del acceso a la información para todos los niveles de gobierno, con el fin de homologar su ejercicio en el país.
En 2014, este derecho adquiriría un mayor alcance, al ampliar las instituciones obligadas a entregar información, transformar a los institutos garantes en órganos autónomos y al crear el Sistema Nacional de Transparencia.
Los avances alcanzados se vieron cristalizados en la Ley General de Transparencia de 2015, que situó a México como el segundo país mejor evaluado (136/150 puntos) en el reporte Global Right to Information Rating 2018 del Centre for Law and Democracy, que califica la calidad de las leyes de acceso a la información en diversos países.
En la Ciudad de México, las y los capitalinos cuentan con una ley de acceso a la información y con un órgano garante desde 2003. Para armonizar la normativa local con la general, en 2016, se emitió la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la ciudad y el INFODF se convirtió en INFO Ciudad de México, del que me honra formar parte.
La mayor virtud del derecho a saber es servir de llave de otras prerrogativas. Asimismo, favorece el desarrollo y la igualdad al reducir asimetrías, contribuye a la prevención y combate contra la corrupción, fomenta la participación ciudadana y fortalece la democracia.
Como James Madison afirmaba “un gobierno del pueblo sin información del pueblo o medios para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o de una tragedia o quizá ambas. El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia y la gente que pretenda ser su propio gobernante, debe armarse con el poder que da el conocimiento.”
*Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).
Twitter: @navysanmartin