El presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió, como había anticipado, a la declaratoria de “instalación estratégica” del aeropuerto hasta hora militar de Santa Lucía para anular los amparos en contra de la obra que será civil.
La Secretaría de la Defensa invocó ante un juez “el interés nacional” para revertir los amparos que tienen suspendida la construcción del nuevo aeropuerto.
Y si bien los argumentos que presentó la Sedena pueden ser rebatibles, si el juez no se deja presionar, está visto que al presidente ya le corre prisa.
Un año detenido el proyecto es una cosa seria.
De acuerdo a su calendario, la obra debería tener un avance del 30%, pero no tiene nada.
El propio López Obrador declaró que la construcción en Santa Lucía se había decidido porque no tenía gran ciencia ampliar las pistas y el edificio de operaciones, pero los amparos promovidos por un grupo de abogados detuvo el proceso.
Si el juez le diera la razón a López Obrador –o a la Defensa, como quiera–, la obra tendría de sí un retraso de un año, sin considerar los problemas que irán surgiendo durante la construcción.
El calendario se apretaría y el personal militar tendrá que trabajar a marchas forzadas para tener listo el aeropuerto en el 2022, como se prometió.
Pero en una de esas, el juez falla a favor de los litigantes y deja en firme los amparos lo que provocaría que la construcción pudiera retrasarse un año más, lo que prácticamente la haría inviable para este sexenio.
Independientemente de las consecuencias jurídicas de la petición de la Sedena y de la respuesta del juez, al jefe del Ejecutivo le urge comenzar siquiera una de sus obras sexenales emblemáticas.
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Le comentamos ayer en este espacio sobre la reducción del presupuesto para el campo y como consecuencia de ello la imposibilidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, como ofreció el presidente López Obrador.
Ayer, durante un foro organizado en el Senado de la República, el senador del PT, José Narro, dirigente de una organización campesina, aseguró que los legisladores del sector lucharán para el presupuesto asignado al campo sea de 67 mil millones de pesos en lugar de los 46 mil 253 que se proponen en el paquete económico.
Y aunque la diferencia parece mucha, en realidad se trata de un aumento de mil 500 millones de pesos contrastados con los 65 mil 434 millones de pesos que se autorizaron para este 2019.
Durante el foro, también los productores a gran escala se quejaron de las contradicciones presidenciales.
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, aseguró que, por un lado se firma un acuerdo para lograr la autosuficiencia alimentaria por otra se reduce drásticamente el presupuesto al campo.
“De los más de 46 mil 000 millones de pesos que se proponen, 70% de ellos es para lo programas de bienestar, precios de garantía para los pequeños agricultores, crédito ganadero a la palabra y fertilizantes”, dijo.
Lo que sobre será para la producción agroindustrial, que curiosamente es el sector que tiene mayor crecimiento el último trimestre, con 3.6 por ciento.
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La mañana de ayer la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat y el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, pusieron en marcha el primer local de lo que a nivel nacional serán los Súper ISSSTE.
La creación de estas tiendas es a propuesta de Ríos-Farjat y se instalarán en todas las dependencias como un apoyo a los empleados del gobierno federal.
Bien.