A cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal informó que el caso se reclasificó como una “desaparición forzada cometida por agentes del Estado Mexicano“.

Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se apuntó que como parte de la nueva investigación sobre los sucesos del 26 de septiembre de 2014, se llamará a comparecer a ex altos funcionarios de la extinta PGR, como el ex procurador, Jesús Murillo Karam, e incluso, de ser necesario, al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Alejandro Encinas Najera, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, expuso que existen nuevas líneas de investigación a partir de la reapertura del caso en las que se descarta la “mal llamada verdad histórica”, que señala que los estudiantes fueron secuestrados en Iguala por el grupo Guerreros Unidos, llevados al basurero de Cocula, asesinados e incinerados.

Aunque no existe una fecha límite para concluir la investigación, manifestó que existen avances como que los estudiantes no salieron de Guerrero y el análisis de más de 80 llamadas telefónicas vinculadas al caso, de las cuales, están en indagatoria 116 números desde la desaparición de los jóvenes hasta dos años después.

A su vez, y sin dar más detalles, anunció que derivado de informantes, como un ex líder de la policía Comunitaria de Guerrero, se prepara un operativo en una zona considerada de alto riesgo por la incidencia del crimen organizado, donde se podrían encontrar indicios de los normalistas.

Otra de las líneas, que denunció fue ocultada por el anterior gobierno, es la información de la Policía Federal y Cisen, sobre investigaciones internas de presuntos vínculos de agentes de esa corporación con el crimen organizado de Guerrero.

Además, apuntó que las ex autoridades locales de Guerrero, como el ex gobernador, Ángel Aguirre, y el ex fiscal Iñaki Blanco, acudirán en los próximos días ampliar su declaración ante la FGR.

Destacó que la investigación se retomará desde las primeras horas, cuando fue llevada a cabo sólo por el gobierno Guerrero y hasta los seis días que fue atraída por las autoridades federales, debido a que éstas ignoraron las primeras indagatorias.

Alejandro Encinas consideró que el caso Ayotzinapa es paradigmático para el Estado mexicano porque conjuga todos sus males como la narco-política, impunidad y corrupción.

Por su parte, Omar Gómez, fiscal especial del caso, reiteró que la FGR cuenta con un programa de recompensas de 1.5 millones de pesos por información verificable de los normalistas y otra de 10 millones de pesos por informes de Alejandro Tebescalco Mejía, uno de los principales implicados en la desaparición.

Sobre la comparecencia de los ex funcionarios, detalló que la próxima semana se comenzarán a girar los citatorios y confirmó que entre los primeros está el del ex procurador Murillo Karam.

 

gac