Los cambios en la normatividad mexicana respecto a la regulación de algunas sustancias, así como una intensa presión internacional, ocasionaron que en 1920 se publicara el decreto: “Las disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza”, entre los que se encontraba la mariguana. Desde ese año, y hasta muy recientemente, el prohibicionismo en México respecto a esta planta se mantuvo prácticamente estático.
Una de las presiones más fuertes que México ha recibido para no cambiar este paradigma es la que proviene de países consumidores que han declarado abiertamente una guerra contra las drogas. Esto llevó a que se criminalizara a los campesinos que se ven obligados a cultivar mariguana; a quienes la consumen —sin ocasionar ningún daño a la sociedad—, y a la propia economía nacional, al destinar recursos para administrar las consecuencias de la visión prohibicionista.
Paradójicamente, Estados Unidos de América, uno de los países que tenían una visión más estricta contra el uso de la mariguana, y uno de los países que mayor presión ejercieron en México para que en 2006 se intensificara la estrategia contra el narcotráfico, ha dado importantes pasos hacia la descriminalización del consumo de la planta. El mismo caso aplica para Canadá, Uruguay y algunas naciones europeas.
Bajo este nuevo contexto mundial, y conscientes de la situación local de nuestro país, durante el inicio de esta legislatura se presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa de ley para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. Ya ha sido ampliamente discutida en diversos procesos de consulta y de parlamento abierto, y busca, en conjunto con otras iniciativas presentadas al respecto, descriminalizar el consumo del cannabis y, al mismo tiempo, permitir que los campesinos, productores y empresarios puedan generar una industria alrededor de este producto, que ayude a impulsar el crecimiento de la economía mexicana.
Económicamente, una mejor regulación beneficiaría notoriamente a nuestro país, donde una hectárea destinada a sembrar cannabis produce 58,800 pesos, de los cuales, 26,000 provienen del grano y 32,000 de la fibra (monto muy superior a los 13,500 pesos promedio obtenidos de una hectárea en donde se siembra un producto convencional). Además, la fibra de cáñamo obtenida de la marihuana es tres veces mayor que la obtenida del algodón, y consume una quinta parte del agua para terminar una prenda de vestir, pero también sirve para producir papel: una hectárea de cáñamo produce la misma cantidad de papel que cuatro hectáreas de arboles.
Es necesario que avancemos hacia la desestigmatización en torno al cannabis y otras plantas, como la amapola. El consumo regulado es, sin duda, una parte integral de estos esfuerzos, pero debemos ir más allá. La nueva regulación será un paso importante para acabar con estos tabús y para permitir que los campesinos, productores y empresas puedan aportar sus conocimientos y trabajo para beneficiar a la economía. No es asunto menor: la solución tiene que ser integral; sólo así podremos estar a la vanguardia.
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