Luego de realizar foros en parlamento abierto en 20 estados del país, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó hoy una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, para despenalizar en todo el país la interrupción del embarazo.
En un encuentro denominado ‘Conclusiones de foros regionales’ la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño (Morena), expresó que se trata de derechos que plantean problemáticas sociales, pero también la diferencia entre vivir o morir para las mujeres.
Señaló que en la iniciativa, el Estado debe garantizar a las mujeres la plena salvaguarda de sus derechos sexuales, reproductivos y permitirles la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
La legisladora manifestó que ahora que hay una “mayoría responsable” en el Congreso, no se puede ignorar que a diario se registran muertes por malas prácticas a causa de que las mujeres sufren precariedad económica y tienen poco acceso al sistema básico de salud.
Citó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que establece que entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada.
De ellas, poco más de un millón manifestaron haber tenido al menos un aborto, “en estas cifras no hay claridad de las condiciones en las que se interrumpió embarazo”.
“Hemos buscado, conversado y argumentado entre los y las diputadas quienes inscribimos esta iniciativa, que es un gran paso hacia la progresividad de los derechos de las mujeres”, dijo Briseño, pero no es un trabajo terminado.
La iniciativa plantea reformar los artículos 329, 330, 331, 332, así como la derogación de los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal.
El artículo 329 establecería que el aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación, no antes.
En el artículo 330, refiere que quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento se le aplicará de tres a seis años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán de seis a ocho años de prisión.
CS