El diputado Mario Delgado Carrillo aseguró que se ha planteado un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que sería de 12% a la venta de cannabis y sus derivados y una cuota adicional de dos pesos por cada gramo de cannabis que se contenga en los productos.

 

La iniciativa que presentó para normar el mercado de la marihuana en México busca detener el comercio ilegal mediante la institución de todo un sistema integral normativo.

 

Aseguró que es el momento para México de entrar a un esquema de regulación como el que tienen otras naciones como Uruguay, por ello la iniciativa que presentó, “a título personal” es de carácter general e integral que aborda todos los aspectos de la marihuana, como el científico, terapéutico y lúdico.

 

Explicó que con esta iniciativa se busca regular el cultivo, la producción, la distribución y la venta de la especie cannabis y sus derivados dentro del territorio nacional, mediante la normación de su control para dar certeza a los consumidores sobre la calidad de los productos.

 

En conferencia de prensa precisó que la iniciativa que se discutiría este miércoles “si hay tiempo”, plantea reformar el Código Penal con lo que se despenalizaría la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana, siempre y cuando esa actividad se ejerza bajo la autorización de la autoridad competente.

 

Para ello se crearía una comisión reguladora de cannabis con carácter intersecretarial, con participación de las secretarías de Hacienda, Agricultura, Bienestar y Educación Pública y que se encargaría de otorgar licencia, subrayó.

 

Dicha comisión registraría a las personas que practiquen el autocultivo de cannabis y expediría las licencias y autorizaciones de producción, distribucion y formación del producto y sus derivados.

 

Se propone además reformar la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la legalización de la marihuana y la generación de mercados en torno a la cannabis, como en el estado de Colorado en Estados Unidos, que permitió generar impuestos por más de 500 millones de pesos en el primer año.

 

Reveló que se busca que los recursos que se obtengan tengan un destino específico, de manera que 25% sea para programas sociales en municipios y comunidades que se hayan realizado erradicación de cultivos de cannabis, procurando apoyar a campesinos que cultiven esta planta.

 

Además, 20% que se genere se destinaría a programas de acción y prevención de uso problemático. También de apoyarse en la reforma a la Ley General de Salud y reforma al Código Penal y la expedición de la Ley General para el Control de Cannabis.

 

Destacó que se crearía una empresa pública denominada CanSalud, propiedad del gobierno federal, facultada para la compra de cannabis de los particulares que cuenten con las licencias de producción de esos productos.

 

Esta empresa estaría facultada para vender cannabis y sus derivados a los franquiciatarios autorizados para su venta al menudeo, con lo que se tendría un mejor control del mercado.

 

La CanSalud sería la única autorizada para vender cannabis y sus derivados al menudeo y a la industria farmacéutica para la producción de medicamentos, con lo que se tendría un control concreto del manejo de la cannabis y sus derivados.

 

DAMG