La decisión de usar a empleados y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para contener movilizaciones violentas fue audaz, pero ineficaz. Los participantes carecieron de una mínima información sobre lo que iban a hacer.
Lo peor de todo es que puede ser ilegal. La nueva Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece con claridad el protocolo oficial en manifestaciones y reuniones públicas. Por lo delicado de estas movilizaciones con contenidos sociales y políticos, la respuesta gubernamental debe ser clara y sólo a través de personal capacitado.
¿Qué hubiera ocurrido si un miembro del cinturón de paz decide no aguantar la agresión con pintas y empujones de algún anarco y respondía con violencia? El contrato colectivo de trabajadores y los reglamentos de empleados son muy claros en las funciones y no pueden realizar labores de seguridad pública.
El tercer párrafo del artículo 27 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece las reglas del personal pasa atender la seguridad en manifestaciones:
“La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse con personas con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Publica”.
El uso de trabajadores y empleados evidenció que la tensión violenta en manifestaciones sociales y políticas y los grupos radicales no soporta a la policía y por eso pusieron a ciudadanos. Ante la violencia de los anarcos, el personal capitalino careció de entrenamiento y resultó lesionado.
Personas sin uniforme vigilando manifestaciones no es mala idea, pero tendrían que ser policías vestidos de civil y con entrenamiento para la violencia. Repetir el modelo del 2 de octubre podría llevar a una tragedia.
Zona Zero
El secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, no sólo es el único funcionario que se reúne con organizaciones de la sociedad civil, sino que ha sabido ser sensible para asimilar críticas. El 24 de septiembre se reunió con el seminario Violencia y Paz de El Colegio de México. Desde la Ley de Seguridad Nacional del 2004 no había habido sinergia entre académicos y funcionaros de seguridad.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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