BOGOTÁ.- El ex presidente colombiano Álvaro Uribe inició su comparecencia en la Corte Suprema en el inicio de la indagatoria por presunto soborno y fraude procesal, un caso que comenzó desde 2012 y es visto como una prueba para el sistema judicial.
Es el primero que involucra a un ex presidente colombiano que toma en sus manos la Corte Suprema, debido a que Uribe es senador y goza de fuero.
Se trata de dos expedientes que se suman al conjunto de más de 40 procesos contra Uribe, que van desde complicidad con actividades del paramilitarismo hasta complicidad en masacres, en el marco del combate a la guerrilla antes de que depusiera las armas.
El caso inició en febrero de 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó al ex mandatario y a su hermano Santiago Uribe de acciones de paramilitarismo, como haber creado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En respuesta el entonces mandatario acusó el legislador en la Corte Suprema por organizar a un grupo de testigos en su contra. En febrero de 2018 el máximo tribunal colombiano determinó archivar el expediente contra Cepeda, lo que fue conocido en julio del mismo año.
Al mismo tiempo pidió investigar a Uribe por soborno y fraude procesal, cargos que extendió al representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada.
En la audiencia de este martes se prevé que Uribe explique su relación con la presunta manipulación de testigos, en total 42, aunque los considerados más importantes son seis, detalló El Espectador.
Uribe, quien ha rechazado todos los cargos y argumentado que se trata de un complot en su contra, podría seguir encarcelado el resto del proceso, o bien que lo haga o en libertad, pero sin salir del país.
Para la investigadora Viviana García Pinzón, directora para América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales (GIGA), junto a la faceta penal se encuentra la dimensión política.
Recuerda que en la décadas pasadas Uribe ha sido el político más importante de Colombia, con fuerte respaldo que habla de que sus seguidores creen que inclusive tiene más poder que las instituciones de justicia.
Por lo tanto, es “una prueba de fuego para las instituciones democráticas en Colombia”, señaló García Pinzón en declaraciones a la Deutsche Welle.
MGL