La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a manera de llamada de atención, exhortó a los gobernadores a “ponerse a trabajar” para mejorar el estado de las carreteras. El regaño debió de haber calado en las autoridades del gobierno capitalino, actuales y pasadas, que han dejado en el abandono las calles de la ciudad más grande del mundo.

Salvo contadas excepciones, el estado que guarda la Ciudad de México es deplorable. Mucho del mal humor que abunda entre los capitalinos se origina por el deterioro de los espacios públicos. Así es que el señalamiento presidencial bien aplica para la Jefatura del Gobierno de esta capital.

De acuerdo con información de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, el 62% de los 18 millones de metros cuadrados que conforman las 169 vías primarias de esta urbe se encuentran en mal estado. Esto sin tomar en cuenta las vías secundarias, que representan el grueso de las vialidades que requieren de una urgente atención.

Las banquetas son otros de los sitios olvidados, siendo éstas el espacio primario de la convivencia ciudadana. A nadie escapa el reto que representa caminar en la Ciudad de México, no únicamente por los problemas de seguridad, sino por la inoperancia de las aceras.

Vendedores ambulantes, alcantarillas abiertas, niveles irregulares, ausencia de rampas y falta de iluminación han sido parte del paisaje de nuestras banquetas -parques también- en las últimas décadas.

El espacio público es sin duda el lugar en el que mayormente se expresan los actos de autoridad, puntos que deberían ser concebidos como detonadores de la cohesión social. Por ello, su progresivo deterioro es sinónimo de ausencia de los poderes públicos. ¿Por qué un ciudadano habría de respetar la ley si quien se encarga de garantizar los servicios abandona esta obligación? ¿Con qué derecho los gobiernos pueden exigir una sana coexistencia si no han sido capaces de retribuir a sus administrados?

Un estudio realizado por el despacho De la Riva y el Instituto Mexicano del Cemento y Concreto revela que el 82% de los capitalinos considera que las vialidades se encuentran en mal estado y que esta situación tiene que ver en un 90% de los casos a la aparición de baches.

Ante esta situación, la respuesta de los sucesivos gobiernos capitalinos ha sido insuficiente. Recientemente, el secretario de Obras Públicas de la CDMX, Jesús Esteva, anunció una inversión anual de dos mil millones de pesos para la atención de tres millones de metros cuadrados de pavimento sólo en las vías primarias. El resto es -así lo establece el modelo- responsabilidad de las alcaldías.

Algo está mal en la forma en como se distribuyen las responsabilidades para la atención de los espacios públicos. A lo largo de las décadas, cada una de las instancias -Gobierno central capitalino y alcaldías- han intentado deslindarse de sus respectivas responsabilidades, echarse la bolita como coloquialmente se dice. Y todo parece indicar que no habrá cambios en lo inmediato.

Segundo tercio. Otra de las grandes irregularidades que forman parte del paisaje urbano es el cableado externo, que provoca las famosas telarañas, altamente peligrosas para el peatón. Pocos se han atrevido a confrontar los intereses de las cableras y de la CFE para poner orden y garantizar la seguridad.

Tercer tercio. El mal estado de los espacios públicos no es exclusivo de la CDMX. Los municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana viven situaciones de avanzada degradación. Basta ver las calles en Huixquilucan que gobierna Enrique Vargas.