Prohiben a los funcionarios entrar a la IP ¡en 10 años!

La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron ayer la Ley Federal de Austeridad Republicana que imposibilita a los funcionarios públicos de mando superior emplearse en empresas por 10 años.

El candado es para entrar a compañías “que haya supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”, establece la ley.

Además, se cancela la pensión a los titulares del Poder Ejecutivo adicionales a las previstas por el ISSSTE, así como las contrataciones de seguros separación individualizado, o cajas de ahorro especiales.

La nueva legislación de austeridad establece en su artículo 61 que los ahorros del poder ejecutivo federal se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decrete el titular, es decir, el Presidente de la República.

La llamada veda a los altos funcionarios para que no se contraten por lo menos durante 10 años luego de dejar su cargo suscitó polémica en el pleno de la Cámara baja, e incluso la diputada Tatiana Clouthier (Morena) presentó una reserva para modificarla, pues la consideró un exceso.

“Para ser un buen funcionario público, no sólo es necesario el conocimiento técnico, sino se necesita vocación de servicio, por ello la administración pública requiere de atraer a los mejores perfiles, y no tengo duda que un candado de 10 años para trabajar en una empresa vinculada al tema de trabajo dentro del gobierno, es un obstáculo para este propósito.

“Nadie niega que debemos regular este exceso y este abuso que se tuvo en el pasado. Sin embargo, tampoco podemos limitar el derecho de laborar de cualquier servidor público en un futuro y el trabajo en la función pública tampoco es eterno”, expuso la morenista.

El diputado Antonio Ortega (PRD), llamó austericidio a la política de austeridad de la actual administración, y la consideró la responsable del colapso de la economía.

“Hoy estamos discutiendo otro instrumento de esta errónea política, instrumento que además viola derechos humanos y laborales de los servidores públicos, sin dejar de mencionar que carece de sentido”, expuso el legislador.

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