La ola de agresiones, ofensas y asesinatos de mujeres tienen un fondo social que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia resume en dos palabras: “condiciones misóginas”; es decir, una sociedad machista. Y a nivel de autoridad esas agresiones a las mujeres tienen que ver con conductas sociales y de gobierno: “impunidad social y del Estado”.

Las protestas violentas el pasado 16 de agosto en Ciudad de México fueron consecuencia de la pasividad de los gobiernos federal y de la CDMX, éste, por cierto, con tres ineficaces mandos femeninos superiores; Jefa de Gobierno, Secretaria General de Gobierno y Procuradora.

Y si bien es cierto que los asesinatos de mujeres son apenas el 0.5% del total, el hecho de que se trate de una población vulnerable y marginada por el machismo le daría mayor importancia al asunto. Y a ello se agrega otro dato: a los datos contabilizados hay que sumar el hecho de que se trata sólo del 5% de los denunciados y que hay un 95% más sin declarar.

Lo grave del problema es que el modelo de “alerta de género” que consideran las leyes carece de sentido: 424 municipios tienen la alerta (17.2 % del total) y no han disminuido los feminicidios. Y Veracruz y Zacatecas han decretado la alerta a nivel estatal y tampoco ha habido resultados.

Los datos oficiales de 2019 prenden alarmas que nadie atiende: 75 mil delitos contra mujeres, 638 asesinatos y violencia sobresaliente en cinco estados: Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Puebla un CDMX. Y de 2015 a 2019 ha habido nada menos que 3 mil 559 feminicidios.

Los feminicidios son producto de una sociedad machista, misógina, de marginación de género que todos perciben y justifican. Y el problema comienza en el hogar y en la educación de mujeres para servir al hombre.

Por ley, el responsable de garantizar la no-violencia de género es el Estado. Port ahí habría que comenzar.

Zona Zero

Primer reto al nuevos secretario de seguridad de CDMX, Omar Hamid García Harfuch: los asaltos a dos tiendas de lujo en centros comerciales. La primera revisión de esos casos implica una reorganización total de la Policía Preventiva y el rediseño de las oficinas de inteligencia. Durante los diez meses pasados la Policía despareció de las calles.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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