El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que evita transparentar la información sobre las transferencias de recursos públicos que recibe de Pemex mediante una estrategia de amparos, paga 10.4 millones de pesos al año por asesoría en temas de transparencia.
De acuerdo con facturas obtenidas por 24 HORAS, el proveedor de estos servicios es el despacho dirigido por Virgilio M. Andrade, y fundado por Enrique Andrade Palacios y Virgilio M. Andrade, este último padre finado de Virgilio Andrade Martínez, ex Secretario de la Función Pública.
Las facturas documentan que cada mes el STPRM emite dos pagos a Asesoría Librax, uno por 307 mil pesos y otro por 290 mil pesos, por los conceptos de Asesoría Legal y Asesoría Legal Especial, respectivamente. Una tercera factura se emite todos los meses a favor de Asesoría Andrade Palacios por 272 mil 347 pesos, por concepto de asesoría legal.
Asesoría Librax es una firma especializada en Acceso a la Información, Fideicomisos, Coordinación de Proyectos y Contabilidad, y forma parte de Asesoría Andrade Palacios.
Al ser entrevistado, el director del despacho, Virgilio M. Andrade, manifestó que desde el sexenio del ex Presidente Ernesto Zedillo han trabajado con el STPRM, que es presidido por Carlos Romero Deschamps desde 1993.
Reveló que su padre, Virgilio Andrade Palacios, y su tío, Enrique Andrade Palacios, fungieron varios años como asesores jurídicos del STPRM, pero dijo que actualmente el despacho sólo le brinda algunos servicios específicos en torno al tema de acceso a la información.
Con respecto a si ellos han solicitado amparos para que Pemex no transparente sus aportaciones de recursos públicos a favor del sindicato, expresó que estos son solicitados, presentados y firmados por el STPRM, pero no quiso abundar en el tema argumentando que necesita la aprobación de su cliente.
Al solicitarle al sindicato petrolero que transparente las transferencias de recursos públicos que recibe de Pemex, éste responde estar impedido a entregar dicha información y refiere que el sujeto obligado es Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, el organismo gremial ha solicitado decenas de amparos contra solicitudes de transparencia realizadas a la Unidad de Transparencia de Pemex, para evitar que dé a conocer el monto de los recursos públicos que le transfiere.
Con esta estrategia legal, el STPRM se ha abstenido de responder a diferentes solicitudes de información pública, con la protección del Consejo de la Judicatura Federal que clasificó como confidencial la información sobre los juicios de suspensión solicitados por el organismo gremial.
LEG