Las prácticas monopólicas y la alteración de precios en Bonos de deuda o repartición de licitaciones dañan los ingresos gubernamentales, lo que afecta “severamente” las finanzas públicas del país, coincidieron expertos consultados por 24 HORAS.
En entrevista, Mario Di Costanzo, consultor y ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), explicó que un acto de colusión en el mercado de deuda repercute directamente sobre las finanzas del Gobierno federal, ya que impacta en los ingresos y gasto fiscal, encareciendo el costo financiero de la deuda y presionando al Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Lo que hicieron al coludirse fue hacer presión para que el costo financiero de la deuda, es decir, la tasa de interés en la colocación de estos valores fuera mayor. Hay que recordar que el Gobierno de manera semanal subasta los Cetes según sus necesidades de gasto; entonces si estos bancos se ponían de acuerdo para establecer un precio mínimo de adquisición de los valores gubernamentales, se obliga a subir la tasa de rendimiento”, explicó el especialista.
Además, advirtió que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017 y 2018, todavía administrado por el presidente Enrique Peña Nieto, pudo haber tenido afectación en el ejercicio del gasto, como consecuencia de estos posibles actos de colusión de las instituciones financieras.
Es así que propuso a las autoridades que en caso de comprobarse la responsabilidad de los bancos en actos de colusión en el mercado de valores, se imponga una “multa ejemplar para enseñarles” que no lo vuelvan a hacer, ya que afecta no sólo los ingresos de un Gobierno, sino el ejercicio de gasto para programas sociales o en beneficio de la población.
“Se habla de multas que pueden superar los 17 mil millones de pesos y creo que la multa debe dejar clara la lección de que esto no se puede hacer”, dijo.
En tanto que Leticia Armenta, profesora de Economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Ciudad de México, recordó que las prácticas monopólicas consisten en una serie de acuerdos por parte de diversas empresas, competidoras de un mercado, para manipular los precios, oferta y demanda de acciones, repartición de licitaciones, entre otras actividades.
Bajo este contexto, precisó que estas prácticas “distorsionan” el mercado e impactan a las finanzas del país, puesto que los precios que se observan en las acciones, papeles comerciales o colocación de bonos, están artificialmente inflados o ajustados a la baja.
“Las empresas que generan estas prácticas monopólicas lo hacen con el propósito de aumentar sus ganancias a corto plazo.
Además, se puede observar un incremento en su participación en el mercado, lo cual es benéfico para la imagen (reputación) de las instancias participantes”, refirió.
Además, la académica recordó que dichos monopolios son “pactados” bajo palabra, puesto que están prohibidos por la ley. De esta manera, se evitan los contratos y puede complicar un proceso de investigación, lo que también se traduce como una “manera sencilla” de que las empresas implicadas nieguen su participación en prácticas delictivas.
LEG