El máximo tribunal español dictaminó que nueve líderes separatistas catalanes deberán ir a la cárcel entre 9 y 13 años por su rol en un fallido intento de independencia, una decisión que provocó protestas en la región y abrió nuevamente la incertidumbre en torno a la disputa.
El aeropuerto internacional de Barcelona se convirtió en el punto central de las protestas. Mientras miles se reunían en la entrada de la terminal, la Policía antidisturbios dispersó a la multitud con porras para evitar una entrada masiva, dijo un portavoz de la fuerza.
En medio del caos en el aeropuerto, 67 vuelos fueron cancelados y otros se retrasaron.
En la ciudad de Girona, un bastión separatista, se quemaron neumáticos en las vías férreas, impidiendo el paso de los trenes de alta velocidad que unen Barcelona y Francia.
Además, las carreteras fueron bloqueadas en varias zonas de la región ubicada en el noroeste de España.
Más temprano, el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la sentencia significa la derrota de un movimiento independentista que ha causado la crisis política más grave en España desde la muerte del dictador Francisco Franco, hace cuatro décadas.
La magnitud de las protestas podría ser la primera señal de cómo será el futuro de la lucha por la independencia, que hasta ahora ha sido en gran medida pacífica. El fallo tampoco responde a la interrogante sobre cómo manejar un proceso separatista que es apoyado por casi la mitad de la población de Cataluña.
“Este fallo es un ataque a la democracia y a los derechos de toda la ciudadanía”, dijo el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent. “hoy estamos todos condenados, no solo 12 personas”.
El fallo se produjo tras un referéndum separatista celebrado en octubre de 2017 a pesar de ser declarado ilegal por los tribunales españoles, y a una posterior y efímera declaración de independencia por parte del parlamento regional.
La mayor condena, de 13 años, fue impuesta al ex vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras. El tribunal lo condenó a él y a otros ocho líderes regionales por cargos de sedición y a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos.
Otros tres acusados fueron declarados culpables solo de desobediencia y no fueron sentenciados a prisión. Todos los acusados fueron absueltos del cargo más grave, que era rebelión.
“Lo sucedido el 1 de octubre no fue solo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. De haber sido el caso, no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados”, dijo el Tribunal Supremo, con sede en Madrid, en su veredicto, emitido por escrito y no en una sesión pública.
Partidos critican las sentencias
La sentencia del Tribunal Supremo contra los funcionarios del Gobierno de Cataluña fue cuestionada por el líder del partido Vox, Santiago Abascal, que la calificó de “vergüenza para España”, así como por su homólogo de Podemos, Pablo Iglesias, y por la Federación Catalana de Futbol (FCF).
Para Abascal la resolución de los magistrados fue “muy desacertada” y “del gusto de (el presidente en funciones, Pedro) Sánchez, que ha salido inmediatamente a aplaudirla”, y dijo que lo ocurrido en Cataluña se dictaminó como “una algarada callejera”, mientras que para él existió rebelión y el movimiento sigue activo.
También criticó que el gobierno en funciones haya sido “incapaz de defender el orden constitucional y la soberanía nacional”, ante el supuesto de que la Generalitat, de quien dependen las cárceles en Cataluña, pudieran dejar en semilibertad a los sentenciados.
El líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, señaló que la resolución de los jueces “no pone fin al problema político de fondo, que sigue ahí, irresuelto y agravado por las brechas emocionales, producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis”.
Desata protestas
La Comunidad Autónoma de Cataluña registró protestas por las sentencias contra ex funcionarios y activistas que organizaron el referéndum autonomista de octubre de 2017. El aeropuerto barcelonés de El Prat fue el punto central. Al menos el tráfico en siete carreteras de la comunidad española fue cortado. Unas 8 mil personas salieron a las calles.
LEG