El Senado de la República aprobó con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, la figura de revocación de mandato que será aplicable al Presidente de la República, gobernadores y Jefe de Gobierno.
Entre los cambios más importantes que se hizo a la minuta de la Cámara de Diputados y, que permitió que avanzara con la oposición en el Senado, es que esta figura sólo podrá ser convocada por los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el único que pueda organizar y promover la consulta y no podrá llevarse a cabo en un año electoral.
Al posicionar a su grupo parlamentario, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo sentirse tranquilo y satisfecho, porque como cámara revisora, el Senado cumplió “cabalmente con revisar los actos de la Cámara de origen”, toda vez que le hicieron distintas reformas a la minuta enviada por los diputados federales.
Agradeció el apoyo de todas las bancadas para construir el consenso, y destacó que a pesar de lo difícil de ser oposición, “el PRI no fue opositor irracional”.
Aclaró que no hay “nada más alejado de la realidad, que es un proceso de reelección encubierta (…) México está llegando tarde, 30 años después que Colombia”, refirió en respuesta a las acusaciones y planteamientos del PAN para votar en contra.
Al respecto, el líder de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que detrás de este dictamen está la buena política, y guarda una importante distancia de la propuesta enviada por la Cámara de Diputados. “Transitamos de una figura que podía estar al servicio del poder, a una que sirve y utilizará solamente la ciudadanía”.
No obstante, advirtió no caer en la tentación de utilizarla solo para el golpeteo político o para mermar el mandato de las urnas, toda vez que puede generar ingobernabilidad y distraer a los gobiernos de su función principal. “Es decir, utilizada de forma perversa, la revocación podría vulnerar el sistema político mexicano y a sus pilares, como son los periodos sexenales sin reelección”, declaró.
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció el trabajo del líder de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal que logró con negociaciones al interior de su grupo parlamentario y el resto de las bancadas, avanzar en el dictamen.
Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, explicó que su apoyo a la revocación de mandato se debe a que restituye al ciudadano el poder de elegir y mandar. Dijo que “esta figura de democracia directa permitirá una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno y, paralelamente, generará mayores incentivos institucionales para que haya mejores gobiernos”.
En la discusión del dictamen, el panista Gustavo Madero, reiteró que el voto en contra de la mayoría de su bancada, fue ante las actitudes del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo: un demócrata no polariza, un demócrata no niega la legitimidad del adversario, un demócrata no adjudica unilateralmente, no niega a la sociedad civil y menos desconfía de ella.
“Estamos convencidos de que ese es un proyecto autoritario, intolerante a la crítica, a la disidencia, adicto a la concentración de poder en una sola persona, en un solo partido. A muchos los han convencidos, a otros los han cooptado y a otros más los han doblegado, pero el PAN y su grupo parlamentario seguiremos denunciando, seguiremos desenmascarando su perversa demagogia, y seguiremos combatiendo a los gobiernos populistas y autoritarios como lo hemos hecho durante 80 años”, enfatizó.
En respuesta, la morenista Lucía Trasviña denunció que un gobierno panista le da en la madre a una iniciativa que propuso sobre consulta popular, y acusó a los panistas de haber hecho campaña lavando dinero del narcotráfico.
“Hagan memoria senadores, en este caso los del PAN (…) lo que se vive ahora de inseguridad es consecuencia de los que protegieron esos gobiernos criminales, nefastos, lavadores de dinero y que muchos de ustedes hicieron la campaña lavando el dinero del narcotráfico y no se hagan pendejos, porque así fue” y remató: “soy una cabrona y se las voy a decir las veces que sea necesario, cuarenta años esperé para subir a tribuna y decirles lo que son”, denunció.
El panista Damián Zepeda, votó a favor del dictamen a pesar de que su bancada votó en contra, “estoy a favor de la revocación de mandato desde siempre”, advirtió y dijo que su voto fue en congruencia con lo que propuso e impulsó como dirigente nacional del blanquiazul.
En tanto, la senadora del PT, Alejandra León Gastélum votó en contra del dictamen ante las “atrocidades” que se están viviendo en Baja California, con la “consulta” sobre ampliación de mandato que impulsó el gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla.
Mientras que el senador del PAN, Oswaldo Cházaro votó en abstención, pues si bien reconoció que esta figura democrática hubiera permitido revocar el mandato al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina; no está a favor en la totalidad del dictamen.
La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, encargada de dictaminar las reformas de revocación y consulta popular y quien presentó el dictamen, no votó.
De esta manera, la nueva legislación –que deberá pasar a la Cámara de Diputados para su aprobación- establece que la consulta popular no podrá efectuarse para temas presupuestales, restricción de derechos humanos, tratados internaciones, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular y las obras públicas en proceso.
Será el Instituto Nacional Electoral (INE) la única instancia que pueda promover la participación de los ciudadanos en las consultas, además tendrá a su cargo de manera directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Y emitirá los resultados, mismos que podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Para el caso de las consulta popular para la revocación de mandato, esta podrá efectuarse a petición de al menos tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que representen el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada una de ellas.
De esa manera, el instituto dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, emitirá la convocatoria al proceso de revocación de mandato, la cual podrá solicitarse en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional.
Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y la revocación procederá sólo por mayoría absoluta.
En caso de la revocación de mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional.
JMSJ