La reforma a la Constitución local de Baja California, a efecto de aumentar la duración del mandato del próximo Gobernador -de dos a cinco años- es un precedente contrario a los derechos político-electorales de los ciudadanos de esa Entidad Federativa.
Dicha reforma es inconstitucional, inconvencional, ilógica y carente de todo sentido ético. Viola los principios democráticos de certeza electoral y definitividad de los actos electorales.
Apenas el fin de semana pasado vimos un nuevo capítulo de esta historia, al llevarse a cabo una consulta pública sin los elementos mínimos de seguridad que brinden certeza a dicho ejercicio. Se realizó sin tener fundamento legal, la participación fue mínima, una persona podía votar en diferentes casillas, no pedían credencial para votar, no contaban con tinta indeleble, el voto no era secreto e inclusive la pregunta era inducida; es decir, estaba formulada de una forma engañosa a efecto de dirigir la respuesta de la gente hacía una opción.
Es importante recordar la ilegal forma en que se llevó a cabo dicha reforma, ya que la manera en que a los diputados locales les llegó el fervor de ampliar el plazo del próximo gobernador fue por demás sospechoso.
Igualmente, la declaración de validez de la reforma se realizó en lo oscurito, en una sede alterna, a puerta cerrada y con una convocatoria fuera de la Ley. Resulta inevitable pensar que hubo influencia externa para que los legisladores y presidentes municipales se comportaran de dicha forma.
No es la primera vez que el Gobernador electo intenta ampliar el plazo de su mandato, ya que, en el mes de febrero, a través de una demanda ciudadana, intentó dejar sin efecto el plazo de dos años. En ese caso el Tribunal Electoral Local sospechosamente validó la nulidad del plazo. No obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dicha sentencia.
Otro intento fue en el mes de abril, en donde el propio Gobernador electo impugnó su registro como candidato. Nuevamente, el Tribunal Electoral Local le dio la razón y ordenó que en la convocatoria se estableciera que el plazo de gestión sería por seis años.
Sin embargo, nuevamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dicha sentencia.
Estoy segura de que -a final de cuentas- dicha reforma no entrará en vigor, ya que confío plenamente que será invalidada por nuestro más alto tribunal, sin embargo, resulta grave la forma en que se ha manejado la ampliación del plazo del próximo Gobernador. Lo anterior, ya que todos y cada uno de los pasos llevados a cabo han sido ilegales. No hay un solo elemento que permita declarar como válida dicha reforma. La Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra y espero sea apegada a nuestra Carta Magna.