El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen que modifica la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por la de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
El documento aprobado y enviado al Senado establece que este nombre contribuye con la nueva política que se está implantando dentro del organismo, principalmente en la erosión de las malas prácticas con las que se había venido desempeñando y la oscuridad al momento de realizar gestiones con los bienes y activos de la Federación.
Según el dictamen precisa estos cambios no sólo representan una reforma dentro del sistema jurídico, sino una transformación de carácter moral en el funcionamiento con el que se han venido desempeñando los órganos encargados de la Administración Pública Federal.
Por el PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega calificó de ocurrencia el cambiar de manera frívola y manipuladora el nombre de una institución del Estado para amoldarse a los caprichos del Presidente y dijo que ello implica una traición legislativa y una burla.
Añadió que la principal función de la institución no es la de hacer devoluciones de bienes robados, sino otras más trascendentes. “Con esta reforma se están generando expectativas que no se van a cumplir; van a dejar sin satisfacer la perspectiva que el cambio de nombre supone; con este marco no habrá bienes que devolver al pueblo”.
María Lucero Saldaña Pérez, diputada del PRI, expresó que cambiar un nombre puede ser irrelevante cuando solamente se le modifica y no se da un contexto de fortalecimiento a la institución. “No servirá de nada si no está acompañado de una propuesta integral que fortalezca sus atribuciones y capacidades, y permita la coordinación en la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado”.
La nueva denominación, afirmó, no asegura que los servidores públicos tengan la visión y misión del organismo. “Es iluso pensar que sólo su cambio erradicará supuestas malas prácticas; preocupa que sea una bandera para institucionalizar una política de persecución a los servidores públicos, de despojo abierto al sector empresarial y de abusos a la población”.
fahl