La emboscada contra los policías estatales de Michoacán, que arrojó 13 muertos, es un llamado de atención para alertar a las fuerzas militares del país y respondan de manera inmediata.

La propia emboscada es un alarde de fuerza de la delincuencia organizada que al ver la pasividad de los uniformados, toma la delantera a la ahora de masacrarlos.

Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad de Michoacán, confirmó que fueron 13 agentes estatales los que murieron tras ser atacados en el municipio de Aguililla.

Esto quiere decir que la estrategia adoptada para erradicar la delincuencia debe cambiar. Hasta el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador cerrar filas en el combate al crimen organizado.

“Hago un llamado atento y respetuoso al presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar juntos, con toda la determinación del Estado que él representa, este atentado que es una afrenta”, dijo el perredista.

La tragedia de 13 familias debe ser un llamado de atención para poder reconocer que hay un grave error en sólo atacar a los grupos delincuenciales a través de la investigación financiera.

El gobernador perredista ofreció su respaldo a los familiares de los policías fallecidos y aseguró que el gobierno proveerá lo necesario para ayudar a sortear su pérdida.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que un helicóptero realiza recorridos para el reconocimiento de los presuntos implicados en el ataque, y anunció que hay 80 elementos buscando a los agresores. Pero seguramente están muy lejos los agresores, pareciera que están jugando a la guerra y no disponen de factores y herramientas determinantes para su rastreo.

Pero no basta con castigar a los asesinos, porque no se trata de un delito común. Deben reconocer que esta es una batalla a muerte, donde debe perseguirse al enemigo no sólo por aire sino hasta sus guaridas, sus laboratorios, sus casas, las casas de sus familias, etc.

Por su parte, Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas en Michoacán, dijo que la prioridad para los gobiernos debe ser atender la seguridad y que la estrategia de no combatir el crimen organizado frontalmente no está funcionando.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó la emboscada, y confió en que habrá reparación integral del daño a las familias de las víctimas y que las autoridades darán garantías para que un hecho como este no se repita. Y advirtió: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observará la evolución de los acontecimientos en el ámbito de sus competencias constitucionales y dará puntual seguimiento a las investigaciones con motivo de esos lamentables crímenes”.

La opinión pública está consternada por la pasividad del gobierno ante los ataques de crimen organizado que aumentan en intensidad y número de muertos. No pueden seguir muriendo los uniformados mexicanos a causas de decisiones equivocadas.