A partir del próximo año, la emisión de facturas falsas y la creación de empresas fantasmas se castigará con prisión preventiva oficiosa.

Con los votos en contra del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron ayer el dictamen que reforma diversas leyes y códigos para aplicar dichas sanciones.

El documento fue turnado al Ejecutivo Federal y entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2020.

Una de las principales críticas que hizo la oposición al dictamen fue que éste criminaliza a los contribuyentes, es innecesario, y es un exceso equiparar la evasión fiscal como delincuencia organizada por lo que lo calificaron como terrorismo fiscal.

El diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) expuso que en la Ley contra la Delincuencia Organizada no existe actualmente la defraudación fiscal, aunque ésta sí es un delito, y está penado con multa o cárcel.

“Al meter la defraudación fiscal donde no estamos hablando necesariamente de facturas falsas, podemos estar hablando de una persona que tuvo errores en su contabilidad, se le aplicará la prisión preventiva oficiosa.

“¿Y qué sucede entonces con el contribuyente?… se le criminaliza y va directo por la Ley de Delincuencia Organizada a sufrir la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué daño se le hace adicional? Le aplica la Ley de Extinción de Dominio”, advirtió.

El diputado Antonio Ortega (PRD) criticó que se quiera tipificar a un delito fiscal como un atentado a la seguridad nacional.

Resaltó que la oposición respalda la idea de recaudar más y dejen de cometerse delitos; pero no “que paguen justos por pecadores”.

Para el legislador, desde el Ejecutivo Federal se recurre a medidas extremas por las dificultades económicas que enfrenta, y por ello hay empeño en captar más dinero que le permita operar en el 2020.

Advirtió que incluso se pone en entredicho el Estado de Derecho, el respeto a las garantías individuales y constitucionales, la presunción de inocencia, y se inhibe la inversión privada.

Además, abundó, podría ser un mecanismo de persecución hacia los adversarios políticos, mientras que para los inversionistas, será un elemento importante a considerar, ya que pueden caer por error, en prisión preventiva o extinción de dominio.

La diputada Maricarmen Cabrera (PES) se pronunció por terminar con el “huachicol fiscal”, pero resaltó que en el dictamen enviado por el Senado no se hizo caso a las observaciones del parlamento abierto.

“Cómo dar un verdadero ejemplo a la sociedad, si aprobamos normas como van. Cómo dar un verdadero ejemplo a la sociedad, si no analizamos y solo votamos a ciegas.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita de nuestro apoyo, pero ¡así no! ¡Así no!, no podemos considerar como delincuencia organizada un delito que no lo es.  ¡Así no! No podemos poner un delito en una ley que no le corresponde”, dijo la legisladora que forma parte de los aliados de Morena en el Congreso.

 

Avalan instituto para devolver lo robado

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que modifica la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por la de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El documento aprobado y enviado al Senado establece que este nombre contribuye con la nueva política que se está implantando dentro del organismo, principalmente en la erosión de las malas prácticas con las que se había venido desempeñando y la oscuridad al momento de realizar gestiones con los bienes y activos de la Federación.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), calificó de ocurrencia el cambiar de manera frívola y manipuladora el nombre de una institución del Estado para amoldarse a los caprichos del Presidente y dijo que ello implica una traición legislativa y una burla.

LEG