Las calles de la comunidad autónoma de Cataluña se convirtieron en campo de guerra la víspera, horas después de que el Tribunal Supremo español dictó sentencias contra 12 ex funcionarios separatistas que alcanzaron los 13 años de prisión.

Manifestantes bloquearon una estación de tren y varias autopistas durante el segundo día de protestas.

La policía intervino para desalojar a los manifestantes, que acudieron en menor número que el lunes, pero una manifestación en el centro de Barcelona cerró una calle principal al tráfico y los líderes independentistas se comprometieron a seguir presionando para que se celebre un nuevo referéndum.

Se han programado otras concentraciones y la confederación sindical independentista IAC convocó una huelga general en la región para el viernes en contra de leyes laborales, que en su opinión vulneran los derechos de los trabajadores.

El ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de cárcel, la pena más severa de los procesados, por su rol en la organización del referéndum de 2017, considerado ilegal por la justicia española.

En su primera entrevista tras la sentencia del Supremo, Junqueras dijo a la agencia Reuters que el fallo solo servirá para relanzar el movimiento separatista en la región.

“No dejaremos de pensar lo que pensamos, los ideales no entienden de condenas”, dijo, asegurando que la celebración de un nuevo referéndum era algo “inevitable”.

El presidente de la región autónoma de Cataluña, Quim Torra, defendió las multitudinarias protestas por sentencias que calificó de inaceptables.

“Comienza una nueva etapa en la que tomamos la iniciativa y volvemos a situar en el centro de nuestras propuestas la aplicación del derecho a la autodeterminación”, dijo Torra, instando a Madrid a que preste atención e inicie conversaciones.

El diario español El País reveló por la noche que el Ejecutivo había emitido un comunicado, tras los disturbios, en el que asegura que “la violencia está siendo generalizada en todas las protestas” contra la sentencia condenatoria a los líderes del “procés” y que esta no es fruto “de un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinada por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña”.

La Moncloa explica que se está detectando que en casi todas las últimas protestas hay casos de violencia.

La nota afirma que “una minoría está queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas” y subraya que la situación está siendo especialmente grave en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, donde “grupos violentos de manifestantes han atacado las sedes de las subdelegaciones”, y “están provocando destrozos y actos vandálicos en otras localidades catalanas”.

 

LEG