La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México anunció el cambio de directores en centros penitenciarios, destacando la llegada de José Alejandro Solórzano Barragán al frente del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Cabe señalar que el nuevo funcionario entra en sustitución de César Ramiro Rojas Gutiérrez, quien en varias ocasiones fue objeto de amenazas por parte de reos que cometen diversos ilícitos.
Una de las advertencias más graves lo hizo acudir al Ministerio Público de la Procuraduría capitalina para presentar una denuncia y solicitar seguridad para él y para su familia.
El funcionario declaró que a través de Facebook Messenger recibió varias amenazas de un usuario llamado “Daniel Santos”, el cual le exige que deje de apoyar al grupo armado comandado por ‘El Duque’.
Además resaltó que en redes sociales se están ofreciendo 100 mil pesos para aquellos sicarios que logren identificar y matar a los comandantes de los reclusorios y directores de cárceles.
En esa ocasión, el Ministerio Público creó la carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-5/UI3S/D/1102/06-2018, sin embargo, las amenazas continuaron y Rojas Gutiérrez se vio en la necesidad de abandonar el cargo.
Cabe señalar que José Alejandro Solórzano Barragán cuenta con estudios de derecho y administración y tiene experiencia en el área de seguridad, tanto en el ámbito público como privado.
El Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz Ortega, explicó que el cambio va acompañado de la rotación de tres directores más, con el objetivo de reestructurar la administración de los centros penitenciarios y mantener la gobernabilidad.
Precisó que César Ramiro Rojas Gutiérrez fue nombrado director de la Penitenciaría de Santa Martha, mientras que María del Carmen Serafín Pineda asumió la dirección del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y Gloria María Hernández Gaona se hará cargo del Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan.
Dijo que el movimiento de mandos en los centros penitenciarios permite mejorar las prácticas administrativas y plantea nuevas oportunidades para realizar actividades en el aspecto técnico, que favorezcan a las personas privadas de la libertad.
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