En un balance de los avances y retos de la Ley General de Transparencia, los órganos garantes como miembros del Sistema Nacional de Transparencia ligado al Sistema Nacional Anticorrupción, tienen el reto de valorar y hacer un diagnostico sobre qué ha pasado con el Título de Medidas de Apremio y Sanciones que se estableció en la norma, pues dicho análisis permitirá alcanzar la efectividad de dichos mecanismos, afirmó la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO) Marina San Martín Rebolloso.
Al participar en panel “Medidas de apremio y rendición de cuentas”, en el marco del foro “Avances y Retos del INAI a 5 años de la Reforma Constitucional”, organizado de manera conjunta por el INAI y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, San Martín Rebolloso señaló que las medidas de apremio son una facultad otorgada a los organismos garantes para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, tales como, las resoluciones que emiten.
La Comisionada Ciudadana resaltó como una bondad de la normativa vigente en la materia, que las sanciones monetarias impuestas -que pueden ir de los 12 mil a los 126 mil pesos aproximadamente-, no podrán cubrirse con recursos públicos.
Por otra parte, indicó que la calificación de las medidas de apremio mediante la valoración de elementos como la gravedad de falta del sujeto obligado, determinada por el daño causado y otros elementos, ha sido un proceso de aprendizaje para el propio INAI, pues se trata de facultades relativamente recientes.
Respecto del INFO, señaló que hasta ahora no ha sido un órgano sancionador, sino que éste ha priorizado que se cumplan las resoluciones sin llegar a ese punto.
La aplicación de medidas de apremio y sanciones en materia de transparencia debe ser cuidadosa y prudente, atendiendo a casos extremos y que sean ejemplares, para que el resultado sea efectivo y de calidad, señaló San Martín Rebolloso.
En ese sentido, destacó que el uso frecuente de este tipo de mecanismos, conlleva el riesgo de que se desgaste la figura y ésta pierda el impacto y el resultado deseado.
Durante el evento aseguró que es necesario apostar por la capacitación a los servidores públicos y el convencimiento a la autoridad respecto a que el derecho de acceso no es una carga adicional, sino una herramienta para el fortalecimiento de las instituciones que les permite dar cuenta de sus funciones.
Por otra parte, resaltó la necesidad de encontrar medidas efectivas para incentivar a los sujetos obligados y reflexionar en la implementación y camino a seguir, pues consideró que las medidas de apremio y sanciones pueden ayudar a frenar la impunidad si se aplican con eficiencia.
En la moderación del panel, la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, señaló que la finalidad de las medidas de apremio es promover el cumplimiento de la Ley de Transparencia para garantizar los derechos humanos tutelados por el INAI.
En su oportunidad, el titular del Órgano Interno de Control del INAI, César Iván Rodríguez Sánchez, destacó la importancia de defender, bajo cualquier circunstancia, la autonomía de los órganos garantes para la buena defensa de los derechos humanos que tutelan. Agregó que la transparencia no es sinónimo de combate a la corrupción; sin embargo, es una condición para lograr contrarrestarla.
El Contralor del Instituto Nacional Electoral, Jesús George Zamora, habló de la importancia de que las medidas de apremio impuestas por el INAI sean definitivas e inatacables, pues de acuerdo con la estadística, las denuncias y sanciones contra servidores públicos por no acatar las resoluciones del INAI han ido a la baja.
Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México explicó que en su entidad hay municipios donde no hay Internet y que en algunos lugares no se cuenta con equipo de cómputo, por lo que las condiciones y particularidades de cada municipio pueden traducirse en obstáculos para cumplir las obligaciones previstas en la Ley.
gac