El viejo priismo del siglo pasado construyó un escenario de poder donde más que Gobierno procuraron un culto al Estado. Los presidentes en turno se constituían como ególatras que cumplían la función de reyezuelos sexenales.
Ese modelo de poder está hoy más vigente que nunca. Esa idolatría contemporánea tiene un problema adicional para la democracia: el priismo había institucionalizado ese sistema político de poder absoluto, hoy recae en una sola persona.
Es bajo ese esquema exitoso de idolatría actual que puede el jefe máximo decidir que se cancela la construcción de un aeropuerto, cueste lo que cueste, en términos de dinero y de confianza, simplemente porque lo dice él. Todo, sin que en su base de apoyo se acuse molestia alguna, al contrario.
Es en esa visión egocéntrica que se da el cálculo que una consulta de revocación de mandato se convierte en un activo electoral y nunca en un riesgo para la gobernabilidad.
Es un hecho que muchos gobernadores y legisladores que son francamente impresentables llegaron hasta donde están, en las elecciones de 2018, solo porque iban de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Solo bastaba una fotografía propagandística con el candidato presidencial para mejorar sus posibilidades electorales.
El riesgo más grave de lo que recién aprobó el Senado de la República en materia de consulta popular y revocación de mandato es mantener viva la tentación de quedarse en el poder más allá del plazo sexenal que marca la Constitución. La tolerancia de la feligresía lopezobradorista a la “Ley Bonilla” fue un indicio peligroso.
Otro riesgo que persiste es la utilización de la imagen presidencial como una cuña para los candidatos de la elección federal intermedia del 2021. Otra vez, López Obrador haciendo campaña, pero ahora como presidente, con el pretexto de la consulta de revocación de mandato.
Pero el peligro mayor que sí tiene este ejercicio de revocación de mandato, que solo comparten países como Venezuela o Bolivia, es que puede hacer de la mediocridad la forma permanente de Gobierno.
Un ejercicio responsable del poder implica un necesario desgaste de la popularidad. Un presidente debe tomar decisiones que no siempre resultan populares, pero que son necesarias para mantener la estabilidad del país.
Nada menos, el propio López Obrador debería tomar a lo largo de su sexenio decisiones en materia fiscal porque el dinero no alcanza. En materia de pensiones, porque los recursos para el retiro no son suficientes. Y en materia de seguridad, porque ha sido un fracaso su política de gasto asistencialista como freno para la criminalidad.
Pero está claro que lo que le importa a este Gobierno es la imagen y no se expondrá a tomar una decisión necesaria pero impopular si eso le pude ahora costar hasta la presidencia. Por lo tanto, pateará hacia adelante cualquier reforma estructural.
El instrumento populista de revocación de mandato, que la mayoría de Morena, con las instrucciones presidenciales, hizo transitar por el congreso, constituye un golpe importante a la democracia y eterniza la mediocridad de los gobernantes que no tomarán decisiones trascendentes para mantenerse como ídolos del pueblo bueno.