El presidente chileno Sebastián Piñera suspendió el sábado un alza del transporte público que generó violentas protestas, aunque el cambio de rumbo no logró calmar los ánimos y la autoridad militar anunció poco después que Santiago quedaría bajo toque de queda, una restricción que no se aplicaba en la ciudad desde hace más de 30 años.
En una intervención desde el palacio de La Moneda, el presidente de centroderecha dijo haber escuchado “la voz” de sus compatriotas, en medio de una nueva jornada de manifestaciones el sábado que ya se extendieron al resto del país, con algunos supermercados saqueados y nuevas estaciones del tren subterráneo incendiadas.
“Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente”, dijo el presidente, asegurando que escuchó “con humildad y atención” la voz de sus compatriotas.
“Y no tendré miedo a seguir escuchando esa voz, porque así se construyen las democracias y así logramos mayor unidad”, añadió el mandatario, que calificó de “delincuentes” a quienes atacaron las instalaciones del metro, uno de los más modernos de América Latina con 140 kilómetros de extensión.
Pero poco después, el general a cargo de la seguridad en Santiago, anunció un toque de queda en toda la capital y dos provincias aledañas que suspende la libertad de movimiento y reunión, la primera vez que se aplica esa medida en la capital desde el retorno de la democracia en Chile en 1990.
El general Javier Iturriaga del Campo, designado por Piñera para custodiar la capital, dijo que el toque de queda se extenderá desde las 22.00 hora local del sábado (0100 GMT del domingo) hasta las 7.00 hora local (1000 GMT) del domingo.
El gobierno había decretado estado de emergencia la madrugada del sábado tras las protestas del viernes que dejaron 78 estaciones del metro incendiadas o vandalizadas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y policía.
Desde la mañana del sábado, soldados fuertemente armados patrullan las calles de la capital chilena con vehículos blindados para intentar contener las protestas que se iniciaron por un alza en las tarifas del metro, vital para el transporte en Santiago, de 6 millones de habitantes.
Las estaciones del metro han sido escenario de manifestaciones de descontento por 11 días, convocadas principalmente por jóvenes y estudiantes que llamaron a evadir el pago de los pasajes. Pese al estado de emergencia, las protestas recrudecieron durante la tarde del sábado con la quema de autobuses y barricadas a pocas cuadras del palacio presidencial.
El sistema de buses Transantiago fue suspendido en toda la capital por falta de seguridad, informaron los operadores de la red, y los principales centros comerciales y supermercados fueron cerrados, según testigos de Reuters.
En el 2010, el gobierno restringió las libertades de movimiento y reunión en algunas áreas del sur país tras un fuerte terremoto que generó pánico en la población y saqueos. Sin embargo, el estado de emergencia y el toque de queda no se aplicaban en la capital desde que el país aún estaba bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
La policía informó a Reuters que solo el viernes habían resultado heridos 156 oficiales, incluyendo cinco en condición seria. Cuarenta y nueve vehículos policiales fueron dañados y 308 personas fueron detenidas.
Los eventos culturales y deportivos fueron cancelados, mientras que la red de tren subterráneo fue suspendida por completo y las embajadas han actualizado sus advertencias de seguridad para expatriados y visitantes, instándolos a evitar las multitudes.
En apenas tres semanas, Chile planea recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente ruso Vladimir Putin y al mandatario chino Xi Jinping, entre otros, durante una cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico.
Poco después de ese evento, el país será anfitrión de otra cita de líderes mundiales en la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas COP25.
La decisión de desplegar fuerzas militares en las calles fue recibida con asombro en el país sudamericano. Analistas políticos y partidos de oposición han criticado la respuesta del gobierno a protestas que se iniciaron por las tarifas de transporte, pero que han capitalizado un descontento de larga data por el alto costo de los bienes básicos y servicios, entre otros.
En una nota, Amnistía Internacional dijo que el presidente Piñera debe “garantizar el respeto a los derechos humanos de estudiantes, manifestantes y todas las personas en Chile”, al señalar que la decisión de convocar a los militares para ejercer la seguridad “solo incrementa el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos”.
DAMG