Más de cuatro mil personas de los más 40 mil que se estima se congregaron en Quito para protestar contra el “paquetazo”, aprobado el 1 de octubre por el presidente Lenin Moreno, provenían de la provincia de Imbabura, una de las 24 en que se divide territorialmente el país.
Hombres, mujeres y jóvenes, dedicados principalmente a la pesca, gastronomía y venta de artesanías, alzaron la voz junto a sus hermanos indígenas de otras regiones contra el decreto 883, que pretendía retirar el subsidio a los combustibles.
Los indígenas fueron reprimidos por las fuerzas militares durante las protestas. Según la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos dejaron ocho muertos, mil 340 heridos y mil 192 detenidos, de los cuales 74 por ciento recuperó su libertad de forma inmediata.
Ello, al comprobarse que las aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales. El rango de edad de los detenidos fue de 15 a 24 años. Muchos de ellos no han tenido contacto con sus familiares, pero en otros casos ya se movilizan los abogados de cada comunidad.
“Una de las ventajas, se podría decir, es que no tuvimos muertos pero sí heridos y detenidos… aproximadamente tuvimos 30 heridos entre leves y graves y cerca de 20 compañeros detenidos … ya solo tenemos cinco compañeros detenidos”, informó el dirigente indígena Alberto Padua.
El también presidente de la Federación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la Sierra Norte de Imbabura dijo que con el apoyo de abogados de la organización se buscan mecanismos legales para liberar a los cuatro menores de edad que se encuentran en la Dirección Nacional de Policía Especializada Niñas, Niños y Adolescentes (Dinapen).
“Nos dicen que ellos estaban generando desmanes… son cuatro jóvenes menores de edad que están detenidos en la Dinapen”, en la ciudad de Quito, agregó el activista, quien confió en que salgan lo más pronto posible; “para ello estamos con los abogados de la organización haciendo todo el seguimiento en este caso”.
En este marco, Padua rechazó la actitud del Estado “como tal, porque si los jóvenes estaban reclamando un caso justo, han sido criminalizados. Sus casos han sido judicializados”, y a ello se suma que “también en este momento nuestros dirigentes estamos siendo perseguidos igual. Nuestros casos (fueron) judicializados por haber movilizado a la gente como tal.
“Eso es lamentable, porque nosotros sólo estábamos levantando la voz del pueblo, la voz de los más oprimidos, de la gente que realmente tenemos muy pocos recursos”, expresó.
Al momento de esta entrevista, realizada en la comunidad de San Pablo, de la provincia Imbabura, también se celebraba una reunión para dar a conocer un balance oficial económico de los gastos de la comunidad.
Y es que entre la entrada del decreto 883 y el diálogo gobierno-indígenas que dio marcha atrás al mismo, hubo 12 días de protestas -en los que el gobierno ecuatoriano declaró estado de excepción y toque de queda- para solidarizarse con el movimiento indígena.
“Los transportistas habían convocado al paro nacional, para el 2 de octubre, pero llegaron a un acuerdo con las autoridades; sin embargo, las bases no estaban de acuerdo con esos acuerdos y mantenía su decisión de movilizarse. Todos los sectores de la provincia de la región de Imbabura estaban de acuerdo en movilizarse contra el decreto 883”, detalló Padua.
También estaba de acuerdo la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), por ello, “nos dirigimos a la ciudad de Quito con todas las delegaciones, comunidades, organizaciones de base. Éramos aproximadamente de tres a cuatro mil personas las que estuvimos en la ciudad.
“Al llegar a la ciudad fuimos brutalmente reprimidos. Nosotros hacíamos una manifestación pacífica … la idea era que, a través del diálogo, se pudiera llegar a acuerdos, pero desde el Estado se nos reprimió con la fuerza militar”, dijo el líder Indígena, a ocho días del diálogo con el gobierno de Moreno.
Durante los disturbios “hubo heridos, compañeros que fueron detenidos y también hubo muertos. Nosotros estuvimos ocho días en la capital haciendo la lucha con los demás hermanos indígenas de las diferentes provincias del país. Estuvimos ahí, fuimos aproximadamente 40 mil las personas las que estuvimos en la ciudad haciendo escuchar nuestra voz”.
“Fuimos con el mandato del pueblo imbabureño de que tienen que luchar porque se derogue esta medida, este decreto”, acotó Padua, quien reconoció que al final, los líderes indígenas se sumaron a la lucha que habían iniciado las propias comunidades, sin una orden específica de sus dirigentes.
“La comunidad como tal, ahora que ya está consciente de las cosas, ahora ya se moviliza por sí sola. Eso también es un proceso que siempre hemos estado llamando, no esperar a que un dirigente, una persona diga que tenemos que reclamar nuestros derechos. Cada uno, con criterio propio, debemos levantar y defender nuestros derechos”.
Alberto Padua reconoció sin embargo que la lucha no concluye todavía, pues hay varios presos y heridos, algunos de los cuales perdieron un ojo o fueron intervenidos quirúrgicamente.
“Por ellos, continuará la lucha contra ésta y cualquier otra medida unilateral del gobierno. Las comunidades estamos dispuestas a luchar y si es necesario, a dar la vida”, aseveró.
CS