El aumento en el boleto del Metro fue la gota que derramó el vaso en Chile. La nación austral se insertó en un panorama general de alzas en el costo de vida y distribución desigual de la riqueza, una situación que estalló en manifestaciones, violencia, saqueos y daños al transporte, hasta sumar 15 muertos, cientos de heridos y dos mil detenidos.
La situación no fue bien manejada por el presidente Sebastián Piñera. Ante las protestas, decretó estado de emergencia y toque de queda, algo que no se hacía en el país desde 1987, bajo el régimen de Augusto Pinochet. Así lo precisó a Notimex la investigadora de la Universidad de Chile, Sofía Donoso.
En conversación telefónica con nuestra agencia, Donoso y Emanuelle Barozet, también investigadora de dicha casa de altos estudios, señalaron que el estallido social en su país ha sido bastante espontáneo y no se sabe si hay coordinación entre quienes vandalizaron el Metro para incendiar estaciones de ese transporte. Lo que es seguro es que de momento en Chile no hay movimientos anarquistas ni de extrema derecha o izquierda, apuntó Barozet.
El 4 de octubre, el Panel de Expertos del Transporte Público determinó incrementar 30 pesos locales los precios del pasaje del Metro y Tren Central en horario pico. El alza, la segunda en lo que va de año, elevó el costo a 830 pesos chilenos (21.88 pesos mexicanos y 1.17 dólar, aproximadamente).
Ello irritó sobremanera a los chilenos. En redes sociales los ciudadanos llamaron a no pagar y evadir masivamente los torniquetes del tren subterráneo, cuya elevación de precio entró en vigor el domingo 6 de octubre, justificada por el gobierno en factores como la variación del precio del petróleo Diésel, el Índice de Precios al Consumidor, el incremento del costo de mano obra y la tasa de cambio respecto al dólar estadounidense.
Las manifestaciones de los estudiantes y cacerolazos de personas de diferentes clases sociales en las calles fueron escalando desde el lunes 14 de octubre hasta el viernes 18, al punto de que el Metro de Santiago determinó cerrar el pasado fin de semana las 136 estaciones de la red por “graves destrozos” en su infraestructura.
Sin líderes visibles en las manifestaciones, se registraron ataques a casetas de carabineros, sucursales bancarias y empresas de distribución eléctrica, así como destrozos en locales comerciales, paraderos, letreros y semáforos. Parte del mobiliario público fue quemado, mientras los carabineros dispersaban a los inconformes hasta con gases lacrimógenos.
La acción del gobierno
La noche del viernes, después de llamados a buscar compensar a los afectados con el incremento al transporte, y ante los graves disturbios que generaron las protestas, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia en Chile para asegurar el orden público en Santiago, Chabuco, San Bernardo y Puente Alto.
En un mensaje desde el Palacio de La Moneda, el mandatario explicó que el alza de los boletos del Metro se dio en el marco de la ley y fue determinada por un panel de expertos, ante el aumento de los precios del petróleo y el dólar.
Al día siguiente, el jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, dio a conocer la cifra de 167 heridos, la mayoría de ellos carabineros, 308 personas detenidas, 41 estaciones del metro vandalizadas y 49 vehículos de la Policía dañados por las manifestaciones violentas en la capital.
El propio sábado 19, Iturriaga anunció el toque de queda en las provincias de Santiago y Chacabuco, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, instancia que prohíbe la circulación de transeúntes en la vía pública durante horarios nocturnos y que luego se ampliaría a 10 regiones.
A pesar de que Sebastián Piñera echó atrás el aumento a las tarifas del Metro, no sin declarar que nadie tiene derecho a actuar con “brutal violencia delictual”, las manifestaciones y la violencia no cesaron ese fin de semana.
Esa situación llevó a decir al presidente que en Chile están en guerra ante un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie, aunque después el general de Defensa, Javier Iturriaga, aclaró que no está en guerra con nadie.
La investigadora Barozet dijo al respecto que ni siquiera hay acuerdo entre el gobierno y los militares. El problema es que parte del gobierno de Piñera pretende restablecer el orden antes de establecer el diálogo, mientras que la sociedad dice que primero se debe retirar a los militares de las calles para entonces dialogar.
El lunes 21 de octubre la situación bajó de intensidad. La fiscalía chilena reportaba 11 muertos y dos mil 151 detenidos como consecuencia de los violentos disturbios, que provocaron la movilización del Ejército en varios puntos del país.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que hubo 110 saqueos a supermercados y 13 incendios provocados en distintos edificios, en algunos de los cuales encontraron a personas muertas.
Mientras tanto, el presidente Piñera, que ha llamado al diálogo, sostendrá reuniones con los líderes partidistas del país para explorar y avanzar hacia un acuerdo social que acerquen soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos.
Crisis de expectativas
La crisis ya estaba latente en Chile y se veía venir desde años atrás, cuando se vieron los casos de corrupción en las empresas, los bajos salarios que no se corresponden con el costo de la vida, refirió Sofía Donoso, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social en la Universidad de Chile.
Chile, en comparación con otros países de América Latina, es un país muy caro. Tiene mala calidad en servicios educativo y de salud, han aumentado las rentas, los medicamentos son caros y el costo de la vida no ha sido compensado con el incremento de los salarios, indicó por su parte Barozet, quien funge como académica del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales.
En realidad, Chile está en un ciclo de acción muy intenso desde el año 2006, cuando empezaron las protestas de los escolares. Dicho ciclo pasó a un nivel mayor en 2011, cuando las protestas de los estudiantes pusieron sobre el tapete político la cuestión de la desigualdad. El relato había sido hasta ese momento superar la pobreza, pero no reducir la desigualdad, agregó.
A eso se suma una serie de demandas sociales vinculadas con las pensiones de miseria, los escándalos político-financieros en 2015, que mancharon a la clase política, y, finalmente, un escándalo con los militares que estalla el año pasado y que termina de desacreditar a la gran parte de las instituciones políticas.
Entonces, Chile no era un oasis como había señalado el presidente Sebastián Piñera, sino más bien una olla a presión que reventó el viernes de la semana pasada, puntualizó Donoso.
Para Barozet, la crisis chilena no es económica. El país ha tenido 30 años de crecimiento económico, lo que le convierte en un caso muy particular dentro de Latinoamérica, ya que en los casos de Brasil y Perú, y en general, han sido sólo 10 años de crecimiento antes de una crisis.
El problema es que el país está en lo que se denomina la trampa de los países de ingresos medios y no se quiere comprender que para pasar a ser un país algo más desarrollado, o algo más rico, tiene que haber una mejor distribución de la riqueza, dijo.
La investigadora chilena refirió que, por tanto, la crisis de Chile es más bien una crisis de las expectativas. El gobierno de derecha no ha cumplido todas sus promesas y no ha sabido leer las demandas sociales, como tampoco lo hizo el anterior gobierno, razones por las que las demandas se han acumulado en 10 años y “en la olla ha subido la presión de esa fecha hasta ahora”.
fahl