La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver en nueve días el asunto de la llamada Ley Bonilla, sobre la ampliación de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdes, de dos a cinco años.

De acuerdo con fuentes consultadas, de no resolverse en ese lapso, existe el riesgo de que, el próximo 1 de noviembre, el gobernador electo tomé protesta ante el Congreso local y comience su ejercicio de Gobierno, con lo cual, la Corte podría considerarlo un acto consumado, por lo que gobernará cinco años, aunque sea ilegal la ampliación del periodo.

Al respecto, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sospecha que el Congreso de Baja California retrasó la publicación de la Reforma de ampliación de mandato, con el propósito de que la Suprema Corte tuviera menos tiempo para resolver el caso.

Durante su participación, ayer, en un foro en Cancún Quintana Roo, el consejero presidente dijo que “afortunadamente esa norma ya fue publicada. Está la sospecha que yo comparto de que se extravió para tratar de acotar la posibilidad de que el mismo intento, esa vulneración a la democracia constitucional pudiera ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia”.

La Confederación Nacional Patronal (Coparmex), otro de los actores que impugnó la llamada Ley Bonilla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidió en que el Congreso de Baja California dilató el envió de la reforma de ampliación de mandato, para que el gobernador electo tome protesta antes de que la Corte pueda fijar una sentencia.

Hace unos días, Gustavo de Hoyos, presidente de la organización empresarial, expresó: “después de una deliberada dilación el Congreso de Baja California se publica la #LeyBonilla, esto dará paso a la impugnación ante la SCJN, de uno de los actos legislativos más aberrantes y vergonzosos que registra la democracia mexicana”.

Las autoridades electorales consideran que Jaime Bonilla fue electo para gobernar por dos años, por lo que la reforma de ampliación de mandato a cinco años aprobada por el Congreso es ilegal.

Por su parte, el mandatario electo insiste en que él se registró para competir por un Gobierno de cinco años y por eso defenderá sus derechos políticos.

Los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y organismos como la Coparmex ingresaron recursos de inconstitucionalidad para que la SCJN decida sí Bonilla debe gobernar cinco o dos años, con el riesgo, de que tomé protesta el próximo 1 de noviembre sin una definición de la Corte, y con ello, se consideraría un acto consumado.

Ante ese escenario, Lorenzo Córdova informó que en “el Instituto Nacional Electoral estamos analizando cuál es la ruta jurídica que tenemos que explorar para también ser copartícipes de una impugnación a dicho intento de atropellar la democracia constitucional y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que tendrá que salvar la democracia constitucional en nuestro país, ahora que el asunto está llegando a sus manos”.

Puntos clave

-El 1 de noviembre toma protesta Jaime Bonilla como gobernador de Baja California
-El INE, el TEPJF señalan que debe gobernar por dos años
-Mientras, la Reforma aprobada por el Congreso local le concede tres años más de gobierno
-La Suprema Corte tiene decenas de impugnaciones contra dicha reforma, que fue bautizada como Ley Bonilla

LEG