Los estados y municipios en México son “parásitos fiscales”. Lejos de ser despectiva u ofensiva, esta expresión describe nítidamente la naturaleza financiera de la mayoría de los Gobiernos locales del país: “Vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo”, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española.

No es exageración. Las cifras son contundentes. Salvo contadas excepciones, para la mayoría de los estados y municipios, las participaciones y transferencias federales representan casi la totalidad de sus ingresos. En cambio, la recaudación de carácter local, proveniente de las potestades que la ley les otorga, es precaria. Nos referimos a contribuciones como el impuesto predial, el cobro de derechos como los de servicios de agua, los productos, los aprovechamientos y las contribuciones de mejoras.

En la práctica, los Gobiernos locales no tienen incentivo alguno para realizar un esfuerzo recaudatorio. Es más fácil levantar la mano para recibir recursos federales -y distribuirlos con opacidad- que asumir el costo político e institucional de extraérselos a la sociedad que representan. Para qué desgastarse políticamente y correr el riesgo de que te reclamen transparencia, si puedes repartir, sin responsabilidad, lo que otro ya ha recaudado. Más aún, cuando el Congreso de la Unión les ha otorgado facultades para imponer sobretasas a contribuciones federales específicas, estados y municipios han optado por no utilizarlas.

El problema es que son precisamente ellos los que tendrían que generar parte de la recaudación adicional que el país necesita. Las posibilidades son muchas. Solo por poner un ejemplo, los Gobiernos locales podrían llevar la recaucación actual del impuesto predial de 0.2% del PIB a niveles internacionales de 2%. Estos recursos, aunados a un ejercicio escrupuloso y austero del gasto, darían la viabilidad y el dinamismo que las haciendas estatales y municipales requieren.

No obstante, eso no será posible si se mantienen los incentivos perversos que les impiden alcanzar la mayoría de edad en materia fiscal. Su dependencia perdurará mientras no se reforme la Ley de Coordinación Fiscal con dos objetivos centrales: 1) que las participaciones respondan solo al criterio resarcitorio –dar más a los que más aporten-; y 2) que, en materia de gasto, las transferencias federales recuperen su naturaleza redistributiva a fin de favorecer a las regiones más rezagadas. Solo así, el país logrará desparasitarse fiscalmente.