Está terminando el 2019 como un año “gris” para la economía mexicana. Normalmente, el primer año de gobierno de una nueva administración muestra una desaceleración temporal en la economía generada por una adaptación a la nueva forma de querer gobernar y los ajustes en la forma del uso de los recursos, definiendo de manera clara, la política económica y fiscal que estará llevando a cabo en el sexenio.

En ese sentido, la actual administración tiene muy clara una política económica y fiscal orientada a programas sociales, uso limitado de recursos hacia la infraestructura general y una supervisión más estrecha al desempeño de Pemex. Además, el ataque a la corrupción está generando ajustes en leyes que generan mucha incertidumbre por el alcance que pueden tener.

El problema de una economía que muestra un “estancamiento” es la recaudación y la falta de generación de empleos. Todo esto dentro del marco de las fuertes presiones y amenazas para que empresas y personas físicas (dentro del padrón formal) paguen sus impuestos, pero si la economía no se mueve, será difícil cumplir puntualmente y en forma.

Se está discutiendo la Ley de Ingresos 2020 en el Senado. Hay problema para cumplir con los niveles estimados de ingresos sin afectar el precio estimado del petróleo y el superávit primario en 0.7%. Veremos si así queda.

Los mercados consideran positivo la disciplina fiscal a la que está comprometida el Gobierno, pero ¿qué sucederá si la economía no se reactiva con la velocidad esperada hacia un crecimiento del 2.0% anual?. Por eso es la urgencia de la ratificación del T-MEC por un lado, pero también el Gobierno debe generar todas las condiciones que representen confianza hacia la inversión y el consumo.

Se requieren que estos dos eventos estén en la mesa. El T-MEC está en tiempos muy críticos dentro del ambiente político electoral en Estados Unidos. Por ello, la insistencia y urgencia del Gobierno federal para presionar al gobierno y congreso norteamericano.

Octubre está terminando y noviembre se volverá crítico.

Por el lado de la incertidumbre sobre la “gobernanza”, el riesgo de un aumento en la inseguridad, la incertidumbre de políticas económicas y fiscales, la falta de estado de derecho, la pérdida de una fuerza de contrapeso en el Congreso y el Poder Judicial, no ayudan.

Las estimaciones del PIB para 2020 en el mercado, se ubican en 1.3% anual, por debajo de la estimación del gobierno en 2.0% anual. También, el riesgo de una desaceleración económica global, estará afectando el entorno, en donde el intercambio comercial con Estados Unidos (exportaciones e importaciones) que asciende a 612 mil millones de dólares, representa el 51% respecto al PIB nacional.

El Gobierno federal está trabajando internamente en una reforma fiscal, que buscará llevarla a cabo hacia 2021 o 2022. Sin embargo, un deterioro de la economía global y la propia incertidumbre interna, podrían presionar al Gobierno para trabajarla en este 2020 y llevarla a cabo en 2021.

Las empresas en bolsa están reportando “ligeramente” mejor a lo esperado. El mercado accionario registra una plusvalía de 4.6%. Habrá que ver cómo termina en estos últimos dos meses del año. Para un servidor, el resultado final del mercado pudiera reflejar en gran medida, lo que sucederá en la economía el próximo año.