El fallido operativo en Culiacán para arrestar y deportar a uno de los hijos menos importantes de Joaquín El Chapo Guzmán Lorea está obligando al Gobierno federal y al Gabinete de Seguridad a replantear la estrategia nacional de seguridad pública. Del lado positivo, ese incidente mostró lo que sí y lo que no funciona de la estrategia.

Hay cuando menos tres puntos en los que el Gobierno federal debe aclarar:

1.- ¿Se terminó la persecución de capos que alentó la guerra criminal en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto? La no-persecución fue el eje del modelo de pax narca y el camino a un acuerdo de desmovilización. ¿Y no será?

2.- La amnistía prometida era a criminales, no a presos comunes por faltas menores con drogas. Sólo una amnistía, se dijo hace un año, podría convencer a algunos narcos a retirarse de los cárteles. La ley entregada al Congreso está desinflada.

3.- En la nueva estrategia, que se incorporó textual al Plan Nacional de Desarrollo de supervisión legislativa, se introdujo la creación de un Consejo de Construcción de la Paz formado por personalidades nacionales y extranjeras para negociar con cárteles.

Inclusive, se dijo que se había invitado al papa Francisco a formar parte de ella. ¿Ya no?

La ofensiva aislada, numerosa y violenta para arrestar a Ovidio Guzmán López se salió del guion de la estrategia; de haber sido exitosa, el país hubiera entrado en otra fase de guerra ajena a los tres puntos anteriores. Como no lo fue, de todos modos le quitó credibilidad a la estrategia como argumento de negociación de la paz con los cárteles.

Estrategia y gabinete necesitan una reorganización de objetivos, estructuras y cadenas de mando y sobre todo están urgidas de aclarar cuál será el camino después de Culiacán, donde se agotó el modelo del primer año de Gobierno.

Y en la nueva estrategia se requiere de una participación legislativa plural.

 

Zona Zero

El bautizo de seguridad del nuevo jefe de Policía de CDMX, Omar García Harfuch, demostró la estructura de desorganización y corrupción de existente. Y que antes de buscar un efecto con algún operativo necesita ofrecer un proyecto de reorganización estructural y de personal en la Policía preventiva.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.