Toda transformación implica una ruptura con lo previamente existente, y el cambio de régimen que empezó en México el año pasado no es la excepción. Se están dejando atrás las viejas estructuras que impedían que en el país se instalaran la paz y el bienestar, siendo estos objetivos dos de los pilares del cambio de la vida pública que se está impulsando. Nunca, desde la Revolución, habíamos vivido un proceso nacional en el que el estado de cosas cambiara tanto, y la renovación y corrección de nuestro sistema de justicia son uno de los ámbitos en los que la ruptura con el pasado se está haciendo más latente.
El modelo político anterior, con la predominancia del binomio integrado por la lógica de mercado y una democracia sin pluralidad, creó una élite rapaz que tenía secuestrada a las instituciones. Esta cúpula del poder siempre había negociado las exoneraciones y las culpabilidades, y era capaz de organizar la impunidad. Esto llevó al país a enfrentar una profunda crisis en el sistema de justicia, en el que los delitos no son denunciados porque la ciudadanía no confiaba en las instituciones y, cuando confiaba, los resultados eran desastrosos: los delitos no eran perseguidos y, por ende, las penas casi nunca podían ser resarcidas.
El derrumbe del velo de impunidad bajo el que se llevaban a cabo actos de corrupción y acuerdos ilícitos se evidencia con la aplicación de la justicia a todas las personas por igual, incluidas las que durante tanto tiempo actuaron en las sombras de la ilegalidad tolerada. Nunca antes se habían registrado detenciones e investigaciones tan significativas como las que han tenido lugar durante este primer año de gobierno, lo cual deja ver que, más allá del discurso moral, existe una lucha certera, real y frontal contra la impunidad.
Reducir los niveles de impunidad en todos los órdenes y en todos los niveles no solamente ayudará a que poco a poco contemos con un sistema de justicia más sano y eficiente, sino que restaurará la confianza entre la ciudadanía y las instituciones y ayudará a lograr la pacificación del país, pues las teorías económicas del delito indican que la criminalidad tiende a disminuir cuando la probabilidad de ser detenido y castigado aumenta. Por ello, los altos grados de impunidad han funcionado como incentivos para que todo tipo de criminales operasen durante años con toda libertad, sin ningún tipo de temor a que el Estado ejerciera su función correctora.
Esos tiempos se han terminado. Ahora, los tres poderes de la Unión funcionan como verdaderos contrapesos, vigilantes unos de otros. De esta vigilancia surge la exigencia de la transformación y, por ende, de la ruptura con todos los vicios del pasado, incluido el secuestro bajo el cual se encontraba la justicia mexicana. Las acciones que ya se han llevado a cabo y los resultados que se han obtenido muestran los avances del muy necesario cambio de régimen. Aún falta mucho por hacer, pero los resultados de la transformación, incluidos los de la justicia, ya se empiezan a sentir.
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