Lo que inicialmente se consideró un “golpe contundente” contra el hampa que opera en la ciudad de México, en menos de una semana se transformó en un encontronazo con el ánimo de la ciudadanía, la que cada día se siente más y más vulnerable por la impunidad con la que actúan quienes transgreden la ley.
¿Qué pasó entonces? Es difícil creer que un policía de carrera como Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana, haya puesto en entredicho una sólida trayectoria de investigador, como lo demostró con la coordinación de las aprehensiones de Javier Duarte Ochoa y Roberto Borge, ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente; la de Dámaso López Núñez, el Licenciado, líder del Cartel de Sinaloa, y la de los capos del Barrio Bravo con los alías de el Jamón y el Tortas, por mencionar solo algunos casos.
¿Fuego amigo?, ¿pésima coordinación interna al momento de proceder con el plan?, ¿falta de capacitación entre uniformados para integrar los Informes Policiacos Homologados?, ¿deficiencias del sistema judicial?, ¿colusión entre autoridades y delincuencia? La moneda aún está en el aire.
Lo cierto es que las reacciones no se hicieron esperar, y desde las más altas esferas del Gobierno de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de Justicia surgieron voces que mostraron no solo el respaldo hacia García Harfuch, sino que también se protestó contra una determinación judicial proveniente del Reclusorio Sur.
En tanto, el coraje y la incredulidad fueron el común denominador entre uniformados y ciudadanos; los primeros se sintieron humillados con la resolución, pues aún cuando expusieron sus vidas, esto no sirvió de gran cosa.
La ciudadanía, a su vez, se ha mostrado molesta y contrariada porque, como con el “culiacanazo”, el costo de la incursión policiaca fue muy alto: quedó humillada la Fuerza Pública que no logró nada positivo ante las organizaciones criminales que, en ambos casos, son los únicos que demuestran más organización que las autoridades mismas.
Como se recordará, a poco más de dos semanas de que asumiera el cargo, García Harfuch asestó su primer golpe, por lo menos mediático, contra la delincuencia; sin embargo, el festejo fue momentáneo, pues el juez de Control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Padierna Delgadillo, decretó a las pocas horas la libertad a casi todos los detenidos la madrugada del pasado 22 de octubre en la calle de Peralvillo.
Padierna Delgadillo es el mismo que lleva el caso de Rosario Robles Berlanga, la otrora secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y fue quien calificó de ilegal las aprehensiones, estimando como “inverosímiles” los informes de los policías que participaron en el operativo.
Una supuesta dirección falsa fue suficiente para el mismo juez considerara que Robles Berlanga era acreedora a prisión preventiva. ¿Una sí es peligrosa y los otros no?
¿Dónde estuvo el error entonces para debilitar esta incursión policiaca? Unos dicen que fueron los Informes Policíacos Homologados, pero otros creemos que esto fue el resultado de las diferencias internas dentro de la 4T o de una deficiente comunicación entre las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Los ciudadanos necesitamos explicaciones, pero también resultados concretos contra la inseguridad. El gozo se fue al pozo y el ánimo colectivo pasó de la algarabía a la duda creciente hacia sus propias autoridades.
Soy Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, mantengamos contacto a través de mis redes sociales: en Twitter @gabysalido, y en Facebook GabySalidoMagos.
jhs