Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres

Uno de los mayores golpes que se han dado contra el narcotráfico en la Ciudad de México, procedente de denuncias ciudadanas a las autoridades encabezadas por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital nacional, y consecuente con una preparación y determinación operativa sin precedente, debe acompañarse de una renovada reflexión sobre el rol de los jueces.

Aunque el bien común, el famoso bonum commune de las escuelas de Derecho, debiera ser una prioridad de los jueces, locales y federales, con o sin independencia de su personal énfasis normativo o empírico, la realidad mostrada por el operativo de Tepito que estrenó en el mando al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, demuestra que el tema es gravemente debatible.

Teniendo ante sí las evidencias de que si bien existieron deficiencias en el Informe Policial Homologado, habiendo podido presentar, sin que yo tenga prueba de que así haya sido, imperfecciones o graves errores en la presentación del agente del Ministerio Público y aparentes o reales inconsistencias en la narrativa de los hechos, otras evidencias rotundas debieron considerarse y nadie garantiza que así fue.

Entre ellas destacan: el descubrimiento e inutilización de dos laboratorios -o de uno de producción y otro de secado y terminado- que producen droga dura; el acompañamiento delictivo colectivo de personas que sacrificaron o conocieron del sacrificio o martirio de otras (hasta en número de 42), así como el número y tipo de armamento decomisado.

En conjunto, es imposible no asociar la evidencia y las detenciones como parte de procesos que a toda a la comunidad le interesa desterrar, específicamente, la presencia de organismos delictivos de alta peligrosidad.

El juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, nos hizo más vulnerables a todos en la Ciudad de México al liberar -“porque le mintieron” a García Harfuch-, a presuntos responsables con altísima probabilidad de resultar culpables en juicio.

De 31 personas encontradas en un laboratorio de droga, fueron liberadas 30.

Los presidentes de los tribunales federal y local de Justicia han mostrado inquietud sobre este proceder de los jueces y sería conveniente que de ello pasaran a una supervisión a favor de las certezas exigidas por la ciudadanía.

La denuncia ciudadana y la operación policíaca funcionarían mejor si la labor del Poder Judicial se sometiera a un análisis más intenso y extenso y menos intramuros de la labor judicial. Tal como ya está ocurriendo con la intervención ciudadana en temas de corrupción policial y abusos contra la mujer policía.

Un ejemplo de los buenos resultados obtenidos cuando sociedad y autoridades se coordinan, sucedió en el Metro: la denuncia permitió desenmascarar a los trabajadores que daban información a varios de los jefes de las 12 bandas que operaban subterráneamente.

De las remisiones a la autoridad debe pasarse a sentencias bien construidas con la colaboración del respeto por el bonum commune que los jueces deben proteger.