Antes de que en México la inseguridad se disparara de manera exponencial, ya existía una violencia silenciosa. Esta sigilosa violencia ocupó como armas de destrucción no las balas, sino las políticas económicas y sociales que por tantos años se importaron de los países desarrollados. El resultado fue contrario a lo prometido: no generaron prosperidad y sí profundizaron la exclusión.
Así, en México se gestó un terreno fértil para la violencia explícita, que también se intentó combatir con recetas internacionales cuando el país adoptó planes de seguridad en acuerdo con otras naciones. Sólo por traer a la memoria algunos de éstos, podemos mencionar la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, conformada por Estados Unidos de América, Canadá y México en 2005. Otro ejemplo es la Iniciativa Mérida, suscrita en 2008 por nuestro país y la Unión Americana, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Al igual que los resultados de la implementación de políticas económicas hegemónicas, los de las estrategias de seguridad pública fueron muy adversos. El crimen organizado siguió creciendo, la violencia aumentó y la desigualdad se hizo aún más latente. En otras palabras, los acuerdos y las estrategias que buscaron apagar el fuego con el fuego no solamente han fracasado, sino que han implicado errores que hoy en día siguen siendo perjudiciales para nuestra sociedad.
Como ejemplo de estas fallas está el operativo de 2006, llamado “Rápido y Furioso”, en el cual miles de armas de fuego, que en teoría serían rastreadas, fueron contrabandeadas de Estados Unidos a México. El armamento no pudo ser rastreado, y un gran porcentaje del mismo ha sido recuperado de las manos de grupos criminales. Este episodio es importante, porque el tráfico ilegal de armas provenientes de la Unión Americana es uno de los factores que más ha agravado la situación de violencia en nuestro país.
La violencia que actualmente se vive en territorio nacional es producto, entre otros aspectos, de años de violencia institucional contra la mayoría que menos tiene, de planes de seguridad importados de otros países y del gran tráfico ilegal de armas que no fue frenado. Por ello, sería un error seguir esperando un resultado diferente de una estrategia de pacificación cuya columna vertebral son las balas.
El cambio de régimen en el país implica romper con las dependencias de todo tipo que nos han alejado del desarrollo propio. Esto incluye una ruptura con las estrategias que entienden el combate a la violencia y al crimen organizado como algo unifactorial, sin atender las causas que nos han llevado a experimentar los niveles actuales de violencia. Este cambio implica replantear la concepción de la ya prolongada cooperación que México ha tenido con otras naciones en materia de seguridad pública, pero también complementar las estrategias de seguridad que hasta hace muy poco sólo se importaban y se basaban en reaccionar con más violencia en contra de la violencia.
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