El 5 de junio pasado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lanzó la convocatoria nacional del Fideicomiso Fondo para el Cambio Climático 2019. Siendo el principal objetivo apoyar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, a efecto de fortalecer la conectividad de ecosistemas forestales, Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y sitios Ramsar (humedales de importancia internacional).
Sin embargo, lo que parecía ser un proceso dinámico, transparente y justificado en tiempo y forma no lo fue. Hasta ahora todo está en el limbo, no se tiene conocimiento de qué pasó a cinco meses desde el anuncio oficial, pues en teoría los primeros resultados deberían haber estado en agosto, y en un plazo mayor hasta el 31 de octubre pasado.
Cabe destacar que el Comité Técnico de este fideicomiso etiquetó recursos por 40 millones 498 mil 271 pesos para financiar los proyectos, y cada uno de los planes podría obtener hasta un máximo de 10 millones de pesos.
Al respecto se registraron 181 proyectos, de los cuales sólo 12 cubrieron con los requisitos; es decir, el Comité Técnico (integrado por la Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Sener, la Segob y la Secretaría del Bienestar) les dio su aprobación. Si bien dicha evaluación –me comentan fuentes del sector ambiental–, tuvo una duración de aproximadamente dos semanas, muy pronto empezaron los métodos torcidos.
Me afirman –dichas fuentes–, que a los 12 proyectos aprobados, altos funcionarios de la dependencia metieron, fuera de tiempo, cuatros proyectos más y querían que éstos, junto con tres de los ya aprobados, fueran los únicos seleccionados para recibir los recursos. O sea, siete proyectos ya tenían la bendición desde arriba. ¿Y la transparencia?, ¿y la lucha contra la corrupción?, ¿sigue el compadrazgo y el amiguismo por encima de la ética, la ley y la justicia?
Afortunadamente hubo algunos servidores públicos que señalaron el hecho, y esto provocó reponer el proceso, el cual debió haber concluido el 31 de octubre pasado con la publicación de los resultados en la página de Internet de la Semarnat.
Pero al no cerrarse en tiempo y forma este proceso, el fideicomiso público está en incumplimiento. Y vale decir que la Secretaría de la Función Pública participa como observador en este proceso, al igual que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Transparencia Mexicana. ¿Y qué pasó?, nadie ha expresado algo sobre esta irregularidad.
¿Dónde están los recursos del fondo?, ¿a quién y cómo se van a designar?, son las interrogantes que flotan en este proceso opaco y con tintes de omisión y de violación a la normatividad.
En esta columna lo hemos dicho en diversas entregas, el Gobierno federal no le da prioridad a la agenda ambiental, la política en esta materia está desdibujada. Y este hecho lo vuelve a demostrar.
Y esto se suma a que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que debe encabezar el Presidente de la República (y en sustitución la Segob o la Semarnat), no ha sesionado ni una sola vez, siendo que la Ley General de Cambio Climático establece que debe hacerse dos veces al año, y el 2019 está por concluir.
Estas reuniones, por ley, son muy importantes, pues tienen como objetivo central coordinar, proponer e implementar políticas públicas tendientes a disminuir las causas del cambio climático en el país.
En el primer trimestre de 2020, el Gobierno federal debe presentar en foros internacionales las contribuciones y metas para disminuir el 22% de los gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030, y de Carbono Negro (partículas finas generadas por la combustión del diesel) disminuir el 51% en el mismo período.
Tal parece que la estrategia nacional contra el cambio climático no es prioridad para el Gobierno federal.