Cuando amaneció el 1 de noviembre, el morenista Javier Bonilla, ya era gobernador de Baja California.
Aún en duda si será por dos años, periodo para el que fue electo, o cinco, como lo aprobó en julio pasado el Congreso de Baja California.
La Ley Bonilla se encuentra bajo escrutinio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si falla en contra de la reforma, se revocaría el mandato y dejaría el periodo en Baja California en sus dos años, los originales.
La actividad política está encendida y parece que nadie piensa desactivarla.
Hasta ahora el principal socio político del gobernador Bonilla, es Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, quien asistió a la toma de posesión con la representación presidencial.
Primero vistió traje de rival político y dijo: “Mi opinión personal como abogada, es que la reforma o la llamada Ley Bonilla es inconstitucional. No he cambiado de opinión, la sostengo”.
La secretaria de Gobernación lo dijo ante el pleno del Senado: “es inconstitucional”.
Todo estaba entonces fuera de toda duda, esa era la posición oficial del Gobierno sobre lo sentenciado por la legislatura de Baja California.
Se tuvo la oportunidad y se dio el ejemplo de no a la corrupción política.
Y se presentó entonces el conflicto de intereses y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se generó ataques y críticas por su cambio de posición.
Eludiendo toda referencia a la corrupción dijo: Estábamos en un debate estrictamente jurídico, de hecho lo dije yo así, es un debate jurídico. Una cosa es legal y otra cosa es constitucional, entonces, ¿es legal? Sí, porque la norma es vigente. ¿Es inconstitucional o no? Eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado mexicano”
La secretaria Sánchez Cordero fue grabada en video en las oficinas de Javier Bonilla, mientras asegura que la llamada Ley Bonilla era completamente legal porque “así es la norma”.
Su inteligencia, pero sobre todo su altura política quedó deslegitimada: “soy ingenua en redes, no me di cuenta que me estaban grabando”
En su campo de batalla y ante la declaración, el gobernador Bonilla festejaba.
¿Fraude o abuso de poder?
Es así como en Baja California la sabiduría de un gran pueblo es mirada por encima del hombro.
Ante este gran escándalo de corrupción política, el Gobierno no se puede permitirse un ministro sancionado.
¿Cuáles serán las posibles implicaciones para el ejercicio de su cargo?
Lo que sí está fuera de toda duda es su continuidad.
Mal comienza el gobierno en Baja California entre sombras de posibles fraudes y augurios de mala gestión.
En el banquillo de los acusados dos condenados
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