La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo para que se someta nuevamente a votación nominal el texto de la reserva de la diputada morenista Lidia García a la Ley de Instituciones de Crédito, que retira facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y que el miércoles, al aprobarse, dividió a la bancada morenista en San Lázaro.

La reserva de García retira la facultad a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que pueda promover la extinción de dominio a las cuentas bancarias que previamente haya congelado.

Además, obliga a estas dos dependencias a notificar por escrito los fundamentos, causa o causas de la inclusión de la persona en la lista de cuentas bloqueadas.

La modificación presentada por la diputada García fue votada a favor el miércoles por las fracciones del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, junto con 31 diputados de Morena, 22 del PES, siete del PT, y 11 del Verde Ecologista.

En conjunto, sumaron 225 votos contra 223 que emitieron en contra el resto de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo.

El acuerdo de la Jucopo alcanzado ayer se llevará a cabo el próximo martes, cuando se reanude la sesión ordinaria que continua en receso desde las 21:00 horas del miércoles, y establece que de aprobarse en votación nominal el texto de la reserva de García, hay dos rutas.

En la primera se incorporará al decreto y será devuelto a Senado, o, de no aprobarse, se votará por devolver el dictamen al Senado sin las propuestas de la diputada García, o, que el dictamen permanezca en sus términos originales y se remita al Ejecutivo Federal.

El miércoles, en la presentación del dictamen que hizo la diputada Patricia Terrazas (PAN), destacó que se generará un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas.

“Propone que quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer su derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales ante la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó.

Precisó que una vez notificados, pueden presentar en un plazo de 10 días hábiles pruebas y alegatos, por lo que la UIF tendrá un plazo de 15 días hábiles para emitir la resolución en la que fundamentará y motivará su decisión, y podrá también promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados, o en su caso, proceder a su desbloqueo.

La diputada Lourdes Sánchez (PRI) dijo que la reforma sólo introduce un procedimiento para asegurar la garantía de audiencia, pero no solventa las inconsistencias que llevaron a la SCJN a considerar inconstitucional la facultad de la UIF para congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio.

“Hay que recordar que el máximo tribunal determinó que se trasgreden los artículos 14, 16, 20 y 21 constitucionales al vulnerar los principios de garantía de audiencia y presunción de inocencia e invadir la competencia del Ministerio Público…regular una facultad que ha sido declarada inconstitucional, constituye a todas luces un despropósito jurídico”, resaltó.

 

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