Han pasado casi 20 días desde que iniciaron las jornadas de protesta en Bolivia -tras un raquítico triunfo en las urnas que libró a Evo Morales de someterse a una segunda vuelta electoral y perder oportunidades hacia su cuarto periodo de gobierno-, y las revueltas ya cobraron la tercera muerte y un acto de vejación y humillación que mereció una llamada de atención de las Naciones Unidas.

La última víctima fatal fue un joven de 20 años que participó en las manifestaciones de Cochabamba, mientras que la alcaldesa del municipio de Vinto sufrió violencia y trato inhumano, además de haber agresiones contra otras mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños.

La ONU también condenó que en las manifestaciones ha sido heridas más de 300 personas, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Entre acusaciones cruzadas por las consecuencias de los enfrentamientos, el Gobierno de Bolivia condenó los “vergonzosos” hechos de violencia, mientras que los críticos del aún presidente Morales acusan a sus partidarios de la violencia.

Sectores en contra de la reelección iniciaron una serie de protestas por lo que consideran un recuento electoral fraudulento, pues en el conteo electrónico de votos hubo una pausa abrupta tras la cual se revirtió la tendencia a favor del primer mandatario.

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió ayer a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho que ayuden a detener la violencia y acaten la auditoría de las elecciones que actualmente lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mesa, el principal competidor opositor en las elecciones del 20 de octubre, y el líder cívico Camacho, han estado pidiendo la renuncia de Morales -presidente de Bolivia desde 2006- y una nueva elección sin su participación.

Camacho, quien se ha convertido en un símbolo de la oposición al mandatario de origen indígena, arribó el miércoles a La Paz, desde donde se dirigió al Palacio Presidencial para entregar una carta de renuncia a Morales: “Esta carta será entregada de manera pública por los medios de comunicación y a puertas abiertas al señor Morales (…) No nos vamos a mover hasta que podamos hacer la entrega”.

Gobiernos de otros países también han llamado a la calma y respaldan la auditoría de la OEA, en tanto que la ONU subrayó que nada justifica el enfrentamiento “entre bolivianas y bolivianos, y es absolutamente inconcebible la muerte de ciudadanos”, indicó la ONU en un comunicado en el que hace referencia a las tres personas que murieron en las protestas contra el proceso electoral del 20 de octubre.

LEG