Concesiones ponen en riesgo a acuíferos sobreexplotados
Aunque fueron catalogados “sin agua”, entre 2015 y 2018 se otorgaron 77 concesiones para tres acuíferos, lo que ocasionará su agotamiento, pues requieren de tiempo para su recuperación debido a la sobreexplotación que enfrentan, indicó Dalila Toledo, investigadora de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
En el estudio desarrollado por esta organización se detectó que estos cuerpos de agua son el Lerma-Santiago, con 61% de los títulos dados; le sigue el acuífero del Río Bravo, con 26%, y el de Baja California Sureste, con 13% de las concesiones otorgadas; la mayoría fueron para usos diferentes al consumo humano.
La investigadora estableció que el estudio elaborado se concentra principalmente en la corrupción en el otorgamiento de las concesiones, sin embargo, también existe ésta en los organismos operadores y las unidades de riego, entre otras.
La forma como lograron detectar las irregularidades, detalló Toledo, fue comparando la información que da a partir de 2015 la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la que establece cuáles son los acuíferos que ya no deberán someterse a explotación para evitar su desaparición.
“Partiendo de que si no hay agua no se puede dar una concesión hicimos el cruce de qué concesiones se dieron a partir de abril 2015 hasta octubre de 2018, y encontramos estas 77 concesiones”, indicó Toledo.
El estudio aborda, además de la corrupción en las concesiones, la existente en la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los organismos operadores encargados de llevar agua a cada hogar; los factores detrás del robo de agua en tomas clandestinas; las obras hidráulicas y la generación y publicación de datos en la materia.
En cuanto a la contaminación, la organización encontró qué tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en el país tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad y, en aguas subterráneas, son uno de cada dos.
La investigadora detalló que en buena medida la corrupción en este sector se da por la falta de supervisión de la autoridad, en este caso la Conagua.
Y a pesar de ello, tanto esa dependencia como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sufrido recortes en su presupuesto a poco más de la mitad, 53% y 55%, respectivamente, entre 2012 y 2019, establece el estudio.
Toledo indicó que la Conagua sólo cuenta con 149 inspectores para revisar más de 500 mil títulos, y en caso de que llegarán a intentar imponer una sanción, detectaron que las industrias sobornan a los inspectores hasta con 20% del valor de la “multa evitada”.
Sin embargo, Toledo resaltó que la corrupción que impera en este sector puede combatirse con rendición de cuentas, transparencia de la información y la participación ciudadana, pero que no esté limitada sólo a nivel empresarial o agrícola.
LEG