La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a escuchar este martes argumentos para decidir sobre la legalidad de los esfuerzos del presidente Donald Trump para dar fin a un programa que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando niños, conocidos como “Dreamers“.
Los nueve jueces iniciaron una audiencia de 80 minutos para escuchar los argumentos relativos al plan del 2017 del republicano Trump para acabar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), implementado en 2012 por su predecesor demócrata, Barack Obama.
La administración de Trump ha argumentado que Obama excedió sus facultades constitucionales cuando creó DACA bajo acción ejecutiva, pasando por alto al Congreso.
Trump ha convertido sus duras políticas de inmigración, como la lucha contra la inmigración legal e ilegal y promover la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en un elemento central de su presidencia y su campaña de reelección para el 2020.
La corte con una mayoría conservadora 5-4 incluye a Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dos jueces nombrados por Trump.
Actualmente, DACA protege de la deportación a unos 660.000 inmigrantes, en su mayoría adultos jóvenes hispanos, y les proporciona permisos de trabajo, aunque no les ofrece camino a través del que puedan acceder a la ciudadanía.
La Corte Suprema está escuchando las apelaciones del gobierno a fallos de tribunales inferiores en California, Nueva York y el distrito de Columbia, los que bloquearon las medidas de Trump y mantuvieron vigente a DACA.
Los tribunales inferiores determinaron que Trump violó una ley estadounidense llamada Ley de Procedimiento Administrativo al buscar poner fin a DACA.
Entre quienes presentaron demandas para detener las medidas de Trump figuran un grupo de estados como California y Nueva York, personas que actualmente están protegidas por el programa y grupos de derechos civiles.
“La decisión del presidente de poner fin a DACA (…) no solo fue ilegal, sino que fue contraria a los valores estadounidenses”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, un demócrata.
El programa, que permite a inmigrantes idóneos obtener permisos de trabajo renovables de dos años, sigue vigente para aquellos que ya están inscritos, sin embargo, la actual administración se ha negado a aprobar nuevas solicitudes.
PAL