Para Movimiento Ciudadano, el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el Ejecutivo y pendiente de aprobarse en la Cámara de Diputados es un presupuesto que no recoge las causas, ni las aspiraciones de los mexicanos.
“El presupuesto de una nación debe reflejar las prioridades no sólo del gobierno en turno, sino fundamentalmente las aspiraciones de un país”, afirmó el senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
Expresó su preocupación por las “incongruencias” que hay entre el Presupuesto y las reformas impulsadas por esta administración.
“Se reconoció el derecho a la educación inicial y a la educación superior, pero no hay congruencia presupuestal; se hizo una reforma constitucional en materia de seguridad pública, pero no hay un esfuerzo claro para fortalecer a las policías locales; se aprobó una reforma para universalizar el acceso a la salud, pero no hay suficiencia presupuestal para lograrlo ni siquiera en el largo plazo; se habla de compromiso con la cultura y el medio ambiente pero las reducciones son drásticas”, declaró Clemente Castañeda.
Por ello advirtió que Movimiento Ciudadano no puede otorgarle un voto de confianza para el ejercicio presupuestal a un gobierno “poco transparente, que ha dado muestras claras de ineficiencia, discrecionalidad, insensibilidad y de una comprensión equivocada de las políticas de austeridad”.
Dijo que ni el esquema de asignaciones directas en las compras gubernamentales ni los recortes presupuestales implementados por esta administración son compatibles con las necesidades de los mexicanos.
De esa manera señaló que su partido se opone a un presupuesto que castiga a los estados y municipios, y reprobó que los recortes tengan tintes partidistas y afecten más a las entidades federativas que no son gobernadas por el partido del presidente.
“Hay un recorte real de casi 60 mil millones de pesos al gasto federalizado y del total de éste se plantea destinar más del 60 % a las entidades federativas gobernadas por el partido Morena”, denunció.
Además, dijo que mientras se castiga a los proyectos de inversión productiva en las entidades federativas, “se engorda la llamada caja negra del gasto social de esta administración, al reasignar recursos para ampliar los programas asistencialistas ideados por el Ejecutivo, muchos de los cuales ni siquiera cuentan con reglas de operación”.
DAMG