En el mundo paralelo de los diputados, hoy es 6 de noviembre del 2019. Aunque para no pocos esto cada vez se parece más a cualquier día de 1971. Lo cierto es que hoy que estamos a 40 días de empezar la tercera década del siglo y lo hacemos con serias dudas sobre lo que viene.
La incapacidad política de la mayoría de Morena para negociar con los grupos campesinos que exigen que se les considere en los gastos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, ha provocado que se violen los tiempos que marca la Constitución para cerrar el ciclo legislativo del paquete económico.

Y si de plano es decisión de su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no dar recursos a esas organizaciones campesinas, la mayoría de diputados ha tenido miedo de ejercer su derecho a que la fuerza pública libere su lugar de trabajo legislativo.
No parece importarles la mala señal que mandan a los mercados con este incumplimiento y que se suma a otros tantos mensajes que la iniciativa privada recibe de manera preocupante sobre la conducción de este Gobierno.

Independientemente de los tiempos legislativos violados, el propio presupuesto para el próximo año levanta muchas interrogantes sobre su viabilidad en momentos en que se ponen en duda los niveles de recaudación esperados el próximo año.
La calidad del gasto público es otra preocupación del sector privado. Gastar para atender programas sociales asistencialistas que generen lealtad política no es una forma de fomentar el crecimiento necesario.

Y todo esto a la par de una de las decisiones que más ha lamentado la iniciativa privada, quizá al nivel de la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, la cancelación de las Zonas Económicas Especiales, para privilegiar los cuestionados proyectos presidenciales del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Y todo esto a unos cuantos días de que el gobierno del propio presidente Andrés Manuel López Obrador presente su Plan Nacional de Infraestructura que busca que sea aplicado con recursos privados.

Más allá de la oferta de proyectos que pretenda incluir y de los cálculos que haga la iniciativa privada sobre su rentabilidad, seguro habrá algunos que resulten altamente rentables incluso en un escenario políticamente adverso, pero lo que más pesa es el factor confianza.
Para que los capitales privados se animen a invertir los cientos de miles de millones de pesos que pretende la 4T, debe haber condiciones que resultan irrenunciables para los hombres de negocios: certidumbre, estabilidad, seguridad jurídica, predictibilidad y confianza en que no se cambian las reglas del juego por capricho.

Solo que el plan de infraestructura llegará a la par que los diputados viven en el pasado, los proyectos de gasto público son de corte electoral, muchos proyectos en marcha por ser de otros gobiernos, son eliminados de un plumazo y como marco de todo esto, en una economía que no tiene crecimiento.