Por si Sudamérica no tuviera suficiente, a los conflictos en Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Nicaragua se suma un paro nacional en Colombia: ayer, más de 200 mil personas marcharon por las calles de sus principales ciudades para protestar contra un conjunto de políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, que consideran neoliberales, y se han generalizado como “el paquetazo”.
La jornada terminó con bloqueos de vías primarias, el cierre de las fronteras y actos de vandalismo que obligaron a decretar toque de queda en ciudades como Cali.
Dicha movilización representa para el actual Gobierno la protesta más grande desde su llegada al poder, en agosto de 2018, en medio de un creciente descontento regional.
Como en otros casos del hemisferio, por ejemplo Haití, a la movilización convocaron estudiantes, sindicatos, organizaciones indígenas y artistas que se declaran opositores al régimen de Duque, que anunció cierres fronterizos marítimos y terrestres, así como el aumento de militares en las calles y el envío de helicópteros para filmar a los manifestantes.
Las movilizaciones provocaron el bloqueo de algunas estaciones de autobuses en Bogotá, atacadas por encapuchados, mientras que en el noroeste de la ciudad hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que lanzó gases lacrimógenos para despejar las vías.
En Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia con más de 2.4 millones de habitantes, encapuchados vandalizaron autobuses y varias estaciones de pasajeros, en ataques que dejaron 23 policías heridos.
“Hubo una participación ciudadana bastante positiva en prácticamente todo el país. Se generaron hechos aislados fueron controlados pertinente y adecuadamente por la Policía Nacional”, declaró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
El alcalde de Cali, Maurice Armitage, decretó el toque de queda para evitar nuevos actos de vandalismo.
¿Por qué protestan?
Los colombianos tomaron las calles para manifestar el rechazo a la modificación del funcionamiento del programa “Colpensiones”, con el que se eliminaría el sistema de pensiones “de solidaridad”, es decir, generadas por todos los trabajadores, para decidir por un programa individualizado.
El Gobierno también anunció que bajará el salario mínimo de los jóvenes, quienes recibirán sólo 75% del total estipulado por la ley. El aumento de 35% del costo de la energía, la privatización de algunas de las empresas estatales y el alza de los impuestos a las clases medias, conjugado con el recorte de los mismos a las empresas extranjeras.
Los estudiantes reclamaron más recursos para la educación pública, mientras que los indígenas exigieron medidas de seguridad para evitar los asesinatos de sus dirigentes y de líderes sociales a manos de grupos armados ilegales, uno de los principales problemas de Duque ante la comunidad internacional.
Otras organizaciones demandaron un mayor compromiso para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada FARC.
Respuesta al vacío
El primer mandatario, Iván Duque, quien tiene bajos índices de aprobación y no ha logrado consolidar una coalición en el Congreso para impulsar sus reformas -15 meses después de asumir la presidencia-, negó los planes de aumentar la edad de jubilación o los aportes de los trabajadores para acceder a las pensiones, como lo denunciaron los manifestantes.
También desmintió una posible reducción del salario mínimo y que los jóvenes reciban una remuneración por debajo de la estipulada por la ley… pero su réplica no logró desactivar las marchas.
LEG